La presidenta de Madrid, en contra de que el Estado ceda competencias de inmigración Barcelona / Madrid

El Estatut ha abierto un nuevo frente en las disputas entre el PP y la Generalitat y, por extensión, el Gobierno del PSOE. La presidenta popular de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha recurrido la modificación que hizo el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero del Reglamento de Extranjería para permitir que Cataluña y Andalucía puedan dar permisos de trabajo a los inmigrantes. Ayer, el ministro de Trabajo e Inmigración criticó duramente a Aguirre.

Celestino Corbacho afirmó que Esperanza Aguirre ha hecho «algo que una comunidad autónoma no debería hacer, que es recurrir un acuerdo del Consejo de Ministros» sobre otra región, en relación al recurso presentado ante el Tribunal Supremo contra Real Decreto que transfiere competencias a Cataluña y Andalucía.

Corbacho explicó que «cada formación política tiene derecho a recurrir» pero, en el caso del PP, «debería haber una reflexión» porque mientras haga declaraciones «que sean vistas en Cataluña como una agresión o incomprensión, el radicalismo seguirá creciendo».

«El PP, que tiene vocación de ser gobierno algún día, no sólo de la Comunidad de Madrid sino de toda España y por tanto, también de Cataluña, debería hacer esa reflexión», apuntó el ministro, para después pedir a la formación que «deje de utilizar políticamente» los asuntos relacionados con esta comunidad autónoma «porque le hace mal» a todo el país.

A lo largo de su intervención, el ministro repasó de nuevo los objetivos de la reforma de la Ley de Extranjería que se encuentra en trámite parlamentario y recordó que entre ellos, se encuentra el de «potenciar las competencias de las Administraciones Públicas» en esta materia «reforzando los mecanismos de cooperación».

Casi el mismo argumento usó el presidente de Esquerra Republicana, Joan Puigcercós, para oponerse al recurso de Aguirre. El dirigente de ERC acusó a Aguirre de trabajar «a base de los análisis demoscópicos» de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) – uno de los laboratorios de ideas del PP – , que le dicen «que picar a Cataluña tiene premio» para los populares en forma de votos. «Cuando debe tener una bajada de popularidad, sabe que insultar, agredir o denunciar a los catalanes está recompensado por su electorado más ultra», concluyó.

Pese a sus críticas, el ministro Corbacho ofreció posteriormente un acercamiento al PP en el marco de la reforma de la Ley de Extranjería, que se encuentra en trámite parlamentario. Sin embargo, dijo no tener «demasiada confianza» en que el principal partido de la oposición vaya a acudir a un «espacio de centralidad» en el que debatir propuestas. «Creo que estaría bien», señaló Corbacho, para conseguir una «buena ley» que «sirviera varios años».

El vicepresidente y portavoz de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, salió al paso de las acusaciones de Corbacho y Puigcercós al afirmar que el recurso contra el Reglamento de Extranjería no se ha elaborado para atacar a Cataluña y Andalucía, ambas con gobiernos socialistas.

El PP basa su recurso en dos premisas: el artículo 149 de la Constitución, que da al Estado competencia excusiva sobre inmigración y extranjería, y el hecho de que el Gobierno haya reformado el Reglamento antes que la Ley.

González tachó de «inaceptables» las críticas vertidas contra el Ejecutivo regional y dijo que están basadas en un «hecho falso» que es que el Ejecutivo que preside Esperanza Aguirre «quiere atacar a Cataluña o a Andalucía».

«Nadie discute, nadie está actuando contra Cataluña o Andalucía. Aquí lo que se está diciendo es que se está permitiendo a través de una vía torticera, engañar sobre lo que es la política de inmigración y la política laboral y permitir que se ordenen los flujos migratorios indirectamente sobre la falacia del mercado de trabajo por una comunidad autónoma u otra cuando a un señor se le van a poner fronteras en Cataluña y luego en Andalucía, Valencia, La Rioja, Madrid o Bilbao», explicó, informa Europa Press.