J. PLAYÀMASET – Barcelona
Modou Dieye llegó hace ocho meses de Senegal. Desembarcó de una patera en La Gomera y, después de pasar unos días en un centro de internamiento en las islas Canarias, la Cruz Roja lo trasladó hasta Barcelona. Tras declararse menor de edad fue llevado al centro Bosc, que la dirección general de Atenció a la Infància i l´Adolescència (Dgaia) tiene en Vallvidrera. Ayer se manifestó frente a la oficina de la Dgaia para protestar por la situación en ese centro y para mostrar su rechazo a las pruebas de oseometría a las que le quiere someter la fiscalía de Menores y la propia Generalitat. Con él, lo hicieron otros veinte jóvenes subsaharianos en situaciones similares, algunos ya expulsados de ese centro al “comprobarse” que no eran menores, como Wandou Wally, gambiano, qeu ahora dice vivir en la calle. El abogado Albert Parés, que les defiende, asegura que las pruebas oseométricas no son fiables y lamenta que sean mossos d´esquadra, uniformados y armados, los que acompañen a esos jóvenes para hacerse las pruebas.

Para el director general de la Dgaia, Xavier Soley, “sólo cuando hay evidencias de no concordancia entre el físico que aparentan y la edad que dicen tener” se hacen las pruebas. Las realizan médicos forenses en el hospital Clínic y consisten primero en la prueba oseométrica de la muñeca y luego en otra de exploración de la mandíbula. “Ha habido casos de supuestos menores que tenían de 25 a 30 años”, asegura Soley. Y añade que, en los últimos cinco meses, de los 120 menores marroquíes que han llegado a Catalunya, dos eran mayores de edad, pero de los 52 menores subsaharianos, excepto 6 los demás han resultado ser mayores de edad. En Catalunya hay actualmente 650 menores inmigrantes no acompañados. Según Soley, “algunos de estos jóvenes han acabado por reconocer que en determinados países hay compraventa de documentación”. Eso explica que muchos presenten pasaportes o certificados de nacimiento que resultan ser falsos. Para el abogado Albert Parés, debe ser la policía la que demuestre la falsedad de estos documentos. Y añade que una sentencia judicial dejó claro que, para los subsaharianos, esas pruebas tenían un margen de error mayor que para otros colectivos. También el Síndic de Greuges expresó sus dudas legales sobre esas pruebas.