JOSEP PLAYÀ MASET – Barcelona

LA RESPUESTA DEL GOBIERNO Corbacho dice que la ley no modificará las condiciones de empadronamiento

CENTROS DE INTERNAMIENTO Las ONG rechazan la extensión del periodo de internamiento de los 40 a los 60 días
Hace ocho años grupos de inmigrantes se encerraron en la iglesia del Pi de Barcelona para reclamar Papeles para todos.Ayer, otros colectivos de inmigrantes iniciaron en el Raval una marcha a pie hasta el Congreso en Madrid bajo el grito de Derechos para todos.En este cambio de consigna se resume el salto que ha dado la inmigración en España. Ahora ya no se discute sobre la regularización sino sobre el derecho de voto, el derecho de reagrupación o el derecho a intervenir en el debate de una nueva ley. Y aunque sigue en pie el dramático escenario de las pateras y los encerrados en centros de internamiento, las preocupaciones de los inmigrantes son otras y eso explica el relativo escepticismo que despertó ayer el paso de la manifestación por el Raval, el barrio más multicultural de Barcelona.

Varias asociaciones de inmigrantes del Vallès, con el apoyo de la CNT y de algunos autóctonos que hace seis años también participaron en aquellos encierros iniciaron ayer en Barcelona una marcha que pretende llegar dentro de un mes a Madrid y mostrar el rechazo a la nueva ley de Extranjería, que se encuentra en fase de debate parlamentario. Antes se han manifestado ya distintas ONG como Cáritas, Amnistía Internacional, CEAR, REDI, Red Acoge y SOS Racismo y sindicatos como CC. OO. y UGT para denunciar lo que consideran un endurecimiento de las normas que afectan a los inmigrantes. Tanto el PSOE, que impulsa la reforma de la ley orgánica de Derechos y Libertades de los Extranjeros en España para su Integración Social (LOEX), como otros grupos parlamentarios consideran por el contrario que se trata de adaptar la ley a la nueva realidad, a las recomendaciones de la UE e incluso a algunas sentencias jurídicas. Carles Campuzano, diputado de CiU, muy activo en el debate de esa ley, asegura que “dentro de Europa, España tiene uno de los contextos más garantistas en cuanto a acceso al bienestar, mecanismos de regularización y reconocimiento de derechos”, pero también está convencido de que “la opinión pública exige más rigor en la ley y una mayor contención de flujos”. En el debate previo, PP, PNV e IU-ICV-ERC presentaron enmiendas a la totalidad por distintas razones.

El consenso parece difícil y varios temas enturbian la discusión. El debate sobre la supuesta exigencia del permiso de residencia para empadronarse se ha convertido en un pim-pam-pum de interpretaciones. Para asociaciones como Cáritas, la Red Acoge y la Comisión Española de Ayuda a los Refugiados es un tema grave ya que supone que quienes no tienen papeles no podrán acceder ni a la tarjeta sanitaria ni a la educación, Ana Abril, coordinadora del área de análisis social de Cáritas, asegura que de acuerdo con la ley los extranjeros que no tengan “autorización de estancia o residencia legal”, aunque estén documentados (pasaporte), no van a poder empadronarse. Esa restricción también supondrá que los ayuntamientos verán crecer su población real, y por tanto sus necesidades de recursos, sin que puedan acreditarla.

El Gobierno, por boca del ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, precisó la semana pasada que no hay cambios en ese punto y que se trata de una “interpretación interesada”.

El redactado de la ley no varía y sigue diciendo que se pueden empadronar quienes residen en el municipio. Sin embargo, en el preámbulo se precisa que residir significa tener residencia legal. Por lo tanto, una interpretación estricta de la ley podría llevar a algunos alcaldes a empadronar sólo a quienes tengan residencia legal. Portavoces de ERC y CiU aseguran que es un tema que aún se negocia y confían en que el PSOE acepte una clarificación.

Donde no existe acuerdo posible es en la ampliación del periodo de detención en los centros de internamiento de inmigrantes (CIE), que pasa de 40 a 60 días. Para los colectivos de inmigrantes significa legitimar un limbo administrativo que convierte una falta administrativa en delito penal y además se aumenta el periodo de internamiento.

VEA CÓMO SE DESARROLLÓ LA CONCENTRACIÓN DE LOS MENORES www. lavanguardia. es/ vídeos