La Comunidad de Madrid cree que la norma creará caos burocrático y desigualdades entre autonomías.

El Gobierno de Esperanza Aguirre  quiere poner freno a lo que considera  «un nuevo paso en la desmembración del Estado». Está en contra de que a partir del 1 de octubre Cataluña y Andalucía puedan conceder autorizaciones iniciales de trabajo a extranjeros. El Gobierno dio vía libre a esta posibilidad en julio pasado, después de que el Consejo de Ministros aprobara la modificación vía Real Decreto, del Reglamento de la Ley de Extranjería sin haber aprobado aún la última reforma de la propia ley.

Así, a partir de ahora, en estas dos autonomías se abren dos procedimientos paralelos  para un inmigrante que venga a España a trabajar: la comunidad autónoma se encarga de tramitarle la autorización de trabajo, mientras que la Administración del Estado le gestiona el permiso de residencia, un procedimiento que ahora centralizaba el Estado.

Nueva situación

Ayer mismo, la Comunidad de Madrid presentó un recurso contencioso – administrativo ante el Supremo contra el Real Decreto que regula la nueva situación. El consejero de Inmigración, Javier Fernández – Lasquetty, defendió que las competencias en materia de permisos de trabajo para extranjeros deben continuar en el ámbito estatal. Entre otras cosas porque «así lo recoge el artículo 149 de la Constitución, que señala que al Estado le corresponde la competencia exclusiva en materia de nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo».

Fernánez – Lasquetty cree que  ahora «se creará un caos burocrático y desequilibrio entre las regiones que tengan competencias en permisos de trabajo y las que no, ya que la concesión de las autorizaciones queda a la arbitrariedad de la autonomía». Y es que el consejero madrileño cree que «el control de flujos migratorios no lo puede hacer una comunidad sin que esto deje de afectar a otras».

La cuestión es que el inmigrante tendrá limitaciones geográficas para trabajar pero, una vez transcurrido el primer año del permiso, a la hora de renovarlo el trabajador ya queda habilitado para ejercer una actividad en cualquier punto de España. Así, se podría dar el caso de que ciudadanos con permisos expedidos en Andalucía acabaran trabajando en Madrid. De este modo, «las autonomías estaríamos a merced de lo que decidiesen Cataluña y Andalucía en materia de Extranjería», se quejó Fernández – Lasquetty. El consejero de Inmigración cree  que las nuevas competencias transferidas a  Cataluña y Andalucía en extranjería obedecen a «motivos de equilibrios políticos y parlamentarios».

El Gobierno, por su parte, defendió que el Real Decreto que transfiere a  Cataluña y Andalucía la competencia sobre la emisión y gestión de los permisos iniciales de trabajo «respeta el reparto competencial establecido por la Constitución y mejora la eficacia de la Administración».