La Junta asegura que con la ley, la satisfacción de un derecho constitucional no estará «en manos del mercado».

La Ley del derecho a la vivienda vivió ayer en el Parlamento su segundo paso más importante desde que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía la aprobara el 26 de mayo. Y como estaba previsto, sólo recibió el apoyo del PSOE – A, mientras que PP e IU mostraron su rechazo. En el caso de los populares, a través de una enmienda a la totalidad, mientras que los izquierdistas presentaron un texto alternativo, una copia de la ley catalana.
El derecho a una vivienda digna fue una vieja promesa del ex presidente Chaves en abril de 2007 y que incluso anunció que entraría en vigor en 2008. Por esa época, el Gobierno andaluz prometió que toda las familias con ingresos por debajo de 3.000 euros brutos al mes tendrían acceso a una vivienda de protección oficial. Sin embargo, el texto que ayer debatió el Parlamento presenta diferencias sustanciales.
El proyecto de ley obliga a los ayuntamientos a adaptar sus planes parciales de urbanismo para ofertar una cantidad apropiada de vivienda protegida. Para ello, deben crear registros de demandantes, una base de datos que les ofrecerá el número exacto de personas que quieren y pueden acceder a una vivienda protegida. Este matiz es importante: para inscribirse en el registro hay que cumplir unos requisitos, entre ellos, garantizar un determinado nivel de renta. Esto se exige para que los bancos y las cajas no denieguen posteriomente el crédito hipotecario, con el consiguiente perjuicio para el promotor, que se queda sin comprador, y para el propio adquiriente.
Esa premisa no la aceptan ni PP ni IU. Para la portavoz de Vivienda del PP – A, Alicia Martínez, la ley «no garantiza el derecho a la vivienda porque antes hay que garantizar el derecho al trabajo». Los parados, al no tener ingresos, no tienen acceso al crédito. En consecuencia, tampoco podrán acudir a los tribunales para reclamar el acceso a una vivienda porque no cumplen los requisitos exigibles.
En igual circunstancia se encuentran, por ejemplo, los inmigrantes y los chabolistas. «Es un modelo insolidario y continuista –afirmó el portavoz de IULV – CA, Juan Manuel Sánchez Gordillo– que no habla de chabolismo».
Por su parte, el consejero de Vivienda, Juan Espadas, aseguró que con esta ley, la satisfacción de un derecho constitucional «no estará nunca más en manos del mercado».


ANÁLISIS: Plazos para la  Ley de Derecho a la Vivienda

- ¿Qué trámites sigue ahora el texto?
–El proyecto de ley se remite ahora a la Comisión de Vivienda. En ella los grupos pueden incluir modificaciones. Luego se devuelve al Pleno, se debate y se aprueba.

- ¿Qué plazos tienen los ciudadanos para reclamar?
–A falta del texto definitivo, tres años desde que entre en vigor. En ese tiempo, los ayuntamientos adaptarán sus planes y construirán VPO.