El Gobierno regional de Madrid, presidido por Esperanza Aguirre, presentó ayer, en el Tribunal Supremo (TS), un recurso contencioso administrativo contra el real decreto aprobado en julio por el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero que da luz verde a las comunidades autónomas para que, a través de sus Estatutos – como es ya el caso de Andalucía y Cataluña – , puedan conceder permisos iniciales de trabajo a los inmigrantes .

Al margen de los efectos negativos de carácter administrativo y de «cohesión social» que provocaría la norma ahora recurrida, el Gobierno autonómico madrileño considera, además, que mediante dicho decreto ley – aprobado en Consejo de Ministros el pasado 10 de julio – se vulneran dos normas de mayor rango: la propia Ley de Extranjería en vigor desde 1999 y la propia Constitución.

En el caso de la Carta Magna, su artículo 149 establece que «al Estado le corresponde la competencia exclusiva en materia de nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo, no siendo susceptibles de transferencia y delegación».

Lo que persigue el Ejecutivo madrileño con su recurso ante el TS es que el Gobierno de Rodríguez Zapatero no haga dejación de sus competencias y delegue en las autonomías la de conceder permisos iniciales de trabajo a los inmigrantes puesto que dicha competencia, junto con la de otorgar el permiso de residencia,corresponden al Estado.

Desde México, donde se encuentra en visita oficial, Esperanza Aguirre dijo ayer que los permisos de trabajo deben continuar en el ámbito estatal. «Si unas comunidades si pueden darlos y otras no, podemos encontrarnos con que un ciudadano extranjero lo obtenga en Andalucía y acabe trabajando en Madrid».

El consejero madrileño de Inmigración, Javier Fernández – Lasquetty dijo ayer a ABC: «Es una locura que un país no tenga una política común que canalice la llegada de inmigrantes ».

Las palabras de Aguirre y el propio recurso de su gobierno ante el TS, fue duramente criticado ayer por los socialistas catalanes y por CiU.