Cataluña y Andalucía podrán hacerlo gracias a un real decreto del Gobierno Madrid

Esperanza Aguirre vuelve a tratar de doblarle el brazo al Gobierno, esta vez a cuenta de un pulso sobre la inmigración.

La Comunidad de Madrid presentó ayer un recurso contencioso – administrativo ante el Tribunal Supremo contra el real decreto aprobado por el Ejecutivo de Zapatero, que reforma el reglamento de la Ley de Extranjería sin haber cambiado antes la propia ley y que permite a Cataluña y Andalucía dar permisos de trabajo a inmigrantes .

Hoy en día, los permisos de trabajo y residencia son atribución exclusiva del Estado y se dan en una resolución conjunta a través de las delegaciones del Gobierno. A partir del 1 de octubre, Cataluña y Andalucía – que incluyeron en sus respectivos estatutos estas competencias – podrán emitir el de trabajo por sí mismas. El de residencia seguirá siendo cosa de la Administración central.

Habló ayer Esperanza Aguirre desde México defendiendo la nueva trinchera levantada. «La concesión de estos permisos compete al Gobierno de la nación», afirmó. «Si los permisos de trabajo pueden concederlos algunas comunidades y otras no, podemos encontrarnos con que inmigrantes con permisos de trabajo concedidos en Andalucía acaben en nuestra comunidad».

La resistencia de Madrid se sustancia en que el Real Decreto 1162/2009 aprobado en julio por el Gobierno «vulnera la distribución constitucional de las competencias», añadirá aún «más caos» a la laberíntica burocracia actual (por un lado, tendrá que venir el permiso de residencia y por otro, el de trabajo) y, según Javier Fernández – Lasquetty, consejero de Inmigración de Madrid, supone «romper la unidad política» establecida para regular los flujos migratorios. «Esto es un paso más en la desmembración del Estado».

Especial énfasis pone la Administración madrileña en la anomalía de que el Ejecutivo haya reformado mediante real decreto el reglamento de la Ley de Extranjería «sin haber modificado antes la propia ley», cuando lo lógico habría sido al revés. Algo que quebranta los principios constitucionales de «legalidad y jerarquía normativa».

Así, el real decreto que aprobó el Ejecutivo recoge lo siguiente: «La autorización inicial de residencia y trabajo por cuenta ajena tendrá una duración de un año y podrá limitarse a un ámbito geográfico y sector de actividad determinado en los términos establecidos en la normativa estatal aplicable. Cuando la comunidad autónoma tuviera reconocidas competencias en materia de autorización inicial de trabajo podrá fijar el ámbito geográfico de la autorización inicial dentro de su territorio».

Hoy, las autonomías tienen atribuciones sólo en integración de inmigrantes . Únicamente Cataluña y Andalucía incluyeron referencias estatutarias en lo referido a los permisos de trabajo, por lo que podrán ejercer esta competencia. Todo, a pesar de lo que apunta el artículo 149 de la Constitución: «Al Estado le corresponde la competencia exclusiva en materia de nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo, no siendo susceptibles de transferencia o delegación».

Según el recurso planteado ante el Supremo, esta suelta de amarras del Ejecutivo en materia de extranjería abundará en el «desorden administrativo», como consecuencia del «desdoble burocrático», y en el «desequilibrio regional», ya que la «concesión de los permisos iniciales de trabajo estarían sujetos a la arbitrariedad de cada comunidad». Dicho por boca de Fernández – Lasquetty, «complicará más la vida a los empleadores y a los inmigrantes ».

«La persona a la que una comunidad le hubiera dado el permiso de trabajo inicial podría irse, más pronto o más tarde, a residir a otra comunidad y ser esa, por ejemplo la de Madrid, quien tuviera que hacer frente a la escolarización, la asistencia sanitaria y todo lo que corresponde a las prestaciones a las que tiene derecho cualquier extranjero que resida en España», comentó.

Para el Gobierno, que salió al paso de la presentación del recurso, la nueva atribución autonómica «respeta el reparto competencial establecido por la Constitución» y «mejora la eficacia de la Administración para la gestión de los permisos de trabajo». El portavoz de CiU en la Comisión de Inmigración del Congreso de los Diputados, Carles Campuzano, disparó con pólvora vieja: «Esperanza Aguirre representa lo peor del PP, esa idea del Estado franquista que niega el derecho establecido en la Constitución a desarrollar el autogobierno».