EL RECURSO que Esperanza Aguirre presentó ayer ante el Supremo pretende reparar el enésimo error del Gobierno de Zapatero en materia de inmigración. El Ejecutivo reformó el reglamento de la Ley de Extranjería para permitir que comunidades como Cataluña y Andalucía tuvieran sus propias competencias sobre inmigración y pudieran dar permisos de trabajo en su propio territorio, ya que así lo dictan sus nuevos estatutos. En la práctica, eso significa extender las taifas también a la inmigración. De no prosperar el recurso, podemos encontrarnos con políticas diferentes e incluso contradictorias, lo que sería fatal para el control de la inmigración ilegal y la lucha contra las mafias. Se trata de un nuevo patinazo del Gobierno en un asunto en el que las competencias deberían ser exclusivamente estatales o incluso supraestatales, como se está debatiendo en la Unión Europea.