El Gobierno apenas pudo repatriar a su país de origen el año pasado a diez menores extranjeros, sólo uno de ellos africano.

La llegada de inmigrantes irregulares a las costas españolas ha disminuido un 40%, pero curiosamente el número de menores que se sube a una patera y desembarca en alguna playa canaria o de la costa mediterránea se ha incrementado este año, según alertó ayer el Consejo General de la Abogacía (CGAE). El último ejemplo es el caso ocurrido la semana pasada, cuando fue interceptada en Tarifa (Cádiz) una lancha en la que viajaban sólo menores marroquíes. Su peligrosa aventura, aun a  costa de poner en peligro su vida, forma parte del intento de muchas familias de buscar una solución a una situación desesperada. Las mafias también captan a sus jóvenes «clientes» con falsas promesas de un sistema especialmente garantista para los menores en España aunque, en muchos casos, la legislación de extranjería no se cumple con los menores, según se ha denunciado en numerosas ocasiones los abogados de Extranjería. «La situación es preocupante y puede que a partir de ahora veamos cadáveres de menores en el Mediterráneo», alertó Pascual Aguelo, presidente de la subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía. La advertencia venía al hilo de la presentación, ayer, del informe «Ni ilegales, ni invisibles»: claves para garantizar los derechos de los menores extranjeros en España», en el que también han colaborado Unicef y la Fundación Banesto.

Más rumanos
El informe, el primero elaborado hasta ahora que aborda la situación de los menores extranjeros desde una perspectiva jurídica, estima en 895.000 el número de los que viven en España, principalmente rumanos, ecuatorianos, marroquíes y colombianos. Llamativo es también el número de los que se han instalado en España sin sus padres: 6.475, la mayoría procedentes del Magreb, África subsahariana y Europa del Este, según los últimos datos fiables. El informe alerta, además, de un incremento de niñas que llegan sin sus padres y que acaban siendo explotadas sexualmente. «Muchos menores se marchan por voluntad propia de los centros de protección de las comunidades autónomas y lo hacen porque se enfadan, se sienten desplazados, tristes, tratados de forma injusta, desmotivados o desinteresados en los que el sistema de protección les puede ofrecer». Y no sólo eso, caen en esa invisibilidad «porque muchos no acaban de comprender en qué consiste la maquinaria y los circuitos en los que están insertos y, ante la incertidumbre y la incomprensión, optan por irse»,  expone el documento. 
Precisamente, una de las cuestiones en las que repara el informe es en la dificultad para conseguir datos reales sobre el número de adolescentes que hay y su realidad. De ahí que tanto la CGAE como Unicef reclamen de forma urgente la puesta en marcha del Registro Nacional de Menores Extranjeros no acompañados, previsto legalmente y en el que deben incluirse los datos de todos los organismos públicos. Entre otras cosas porque «una parte de los niños y adolescentes que llegan a nuestro país pasan desapercibidos para el sistema de protección a la infancia», denunció ayer  la directora ejecutiva de Unicef España,  Paloma   Escudero. Su presidenta, Consuelo Crespo, insistió en la necesidad de dar un trato adecuado a los que están en España porque «los menores son niños antes que extranjeros».
El portavoz de la subcomisión de Extranjería del Consejo de la Abogacía advirtió de que «en Europa no corren vientos favorables para los derechos humanos» y criticó la política de repatriaciones de menores que se está aplicando y que tachó de «obsoleta» e  «ineficaz», con el único objetivo de «quitarse un problema de en medio». Aguelo recordó que la gran mayoría de las repatriaciones no se concretan «por la falta de colaboración de los consulados». Basta con mirar las estadísticas de la Fiscalía. Solamente el año pasado fueron repatriados diez menores extranjeros, de los cuales sólo uno era africano.