«Allí éramos probres y uno de mis amigos viene a España y vuelve con coches o dinero. Yo quería buscar una vida mejor» Dulee, Gambia. 17 años. «Tenía mucho frío. Antes de coger cayuco tenía los dientes bien. Ahora no puedo ni comer. Estás todo el día así, por el frío (de tanto apretar). Ngory, Senegal. 17 años. En nuestro país había en 2007 más de 6.500 Dulee o Ngory, es decir, menores extranjeros no acompañados, aquellos que se embarcaron en el cayuco, la patera, los bajos del camión o el autobús solos o con un adulto que ni era su padre ni ejercía como tal. No son de ninguna parte porque muchos de ellos están indocumentados y forman parte de los 895.984 menores extranjeros que viven entre nosotros, el 17 por ciento del total de inmigrantes y el 10 por ciento de toda la población escolar. Rumanos, ecuatorianos, marroquíes y colombianos son los grupos más numerosos (la quinta nacionalidad es la china).

Todos esos datos y una completa radiografía de los niños extranjeros se recogen en el informe presentado ayer «Ni ilegales, ni invisibles» de Unicef y el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), un alegato en contra de las repatriaciones de quienes no son adultos porque «no se ajustan al interés superior del menor», sino que sirven para «quitarse el problema de en medio», en palabras del presidente de la Subcomisión de Extranjería del CGAE, Pascual Aguelo.

El 68% de esos menores extranjeros no acompañados proceden de Marruecos, el 17% del África subsahariana y el 8 por ciento de Europa del Este. Emigran por motivos económicos como razón principal, para mejorar sus expectativas sociales y culturales, por causas políticas o para huir de una situación familiar; en algunas familias constituye una estrategia. Los del Magreb se refugian en los bajos de un camión o en autobús; o bien como polizones en un barco o en cayuco; los chicos del Este en autocar o minibús (aquí se engloban las menores rumanas traídas para la prostitución). Están además los llamados «invisibles», al margen de la acogida y la integración por decisión propia o expulsados del sistema.

El informe valora el modelo autonómico de intervención con menores pero considera que «adolece de una total descoordinación» y que el Estado no lidera esa intervención ni exige corresponsabilidad. No es casual que, pese al mandato legislativo, el Gobierno no haya puesto en marcha aún el Registro de Menores Extranjeros no acompañados, por lo que la disparidad de cifras es absoluta, al igual que las respuestas que ofrecen unas comunidades y otras. Así mientras Andalucía acogió en 2007 a casi 1.500 menores, en Navarra no hubo ni una sola acogida.

«Todos los menores extranjeros son niños antes que extranjeros» es una de las premisas del documento donde se refleja que la llegada a España de menores se ha consolidado como «una nueva estrategia de inmigración», pero que debe ser abordada de manera distinta y no «criminalizar» a los todavía niños.