El «grave conflicto» por el realojo en La Arboleda de una familia procedente de Sestao llegó ayer al Parlamento vasco. Representantes del Consejo para la promoción integral y participación social del Pueblo Gitano en el País vasco y de la plataforma SOS Racismo acudieron ayer a la Cámara para describir la situación vivida durante los últimos meses en el poblado minero. «Queremos, sobre todo, reclamar medidas para que hechos como los registrados allí no vuelvan a darse en el futuro», explicó Mari Carmen Jiménez, portavoz de una de las asociaciones reunidas, Iniciativa Gitana.

Pero la presencia de estos representantes ante la comisión de Derechos Humanos del Parlamento fue más allá. «También nos hemos ofrecido para dar consejo en próximos realojos sobre dónde pueden tener más aceptación estas familias para evitar conflictos», afirmó el presidente de la Asociación gitana de Barakaldo, Eduardo Motos. De hecho, esta plataforma ya ha orientado en anteriores ocasiones a la sociedad pública Sestao Berri, responsable de los traslados, sobre qué ubicaciones pueden ser las más aconsejables. «Saber a tiempo dónde van a encontrar rechazo y dónde no puede prevenir muchos problemas», aseguró Motos.

El colectivo expuso una lista detallada de todos los altercados ocurridos en el barrio minero desde que en abril la familia intentó trasladarse por primera vez a la vivienda protegida, y que han devenido en una decena de denuncias – existen siete expedientes abiertos contra el vecindario por acoso – .

«Otra vivienda»

«Hemos recopilado varios documentos, como la petición de la asociación de vecinos al Ayuntamiento de Trapagaran de que ‘no subieran gitanos’ a La Arboleda», explicó la abogada y portavoz de los afectados, María Tato. Según informó la letrada, a Sestao Berri aún le quedan pendientes de ejecutar 36 realojos hasta fin de año, «y no queremos que surjan los mismos problemas».

La Asociación gitana de Barakaldo también aprovechó el encuentro de ayer para solicitar al Parlamento el traslado «a otra vivienda» de la familia repudiada en La Arboleda. «Allí tienen problemas para desplazarse – ninguno de los miembros de la pareja posee carnet de conducir – y les tenemos que subir la compra, porque en el supermercado les acusaron de robar», recordó el presidente. Todo esto, advirtió, les está suponiendo un gasto extra tanto al matrimonio realojado como a las asociaciones gitanas que les prestan ayuda.

Los colectivos también criticaron la actitud del Ayuntamiento de Trapagaran, y en concreto de la teniente de alcalde, Pilar Souto, «que no ha colaborado un ápice».