Contundente operación de la policía francesa en un campo de inmigrantes París

Eran las 07:00 horas cuando las fuerzas del orden y las excavadoras irrumpían ayer en el campo de refugiados de Calais. No puede hablarse de sorpresa, porque el ministro de Inmigración Eric Besson había anunciado el inminente desalojo. Sin embargo, afganos e iraquíes ignoraban que les iba corresponder un agente por persona – había cerca de 400 uniformados – y no sospechaban la contundencia con que finalmente se llevó a cabo la operación en La jungla.

Así se conoce popularmente el campamento en cuestión. Y no solamente porque se emplaza en una zona boscosa, exuberante, frente a la costa británica, sino también porque los vecinos de Calais y las autoridades habían denunciado la insalubridad y el peligro de esta área.

Las cifras oficiales mencionaban 278 inmigrantes detenidos. Con una particularidad: 132 de ellos son menores de edad y esperan que se les conceda derechos de asilo, aunque la beligerancia del ministro Besson no apunta hacia la comprensión. «No es éste un campo de refugiados, sino de inmigración ilegal, con tráfico de personas y la correspondiente explotación. La ley de la jungla no podía gobernar siempre», explicaba el ministro francés de Inmigración y de Identidad Nacional.

Calais, como Gibraltar, es un enclave estratégico para los refugiados. La costa británica se encuentra a 34 kilómetros, de modo que los ferries y los camiones que transitan en ellos suelen convertirse en el escondite de los inmigrantes con destino al sur de Gran Bretaña. Muchas veces, después de haberse puesto en manos de los llamados passeurs, sobrenombre de los mediadores mafiosos que llegan a cobrar hasta 10.000 euros por transportar a un pasajero desde el litoral francés hasta las costas del vecino Reino Unido.

El plan de desalojo de Besson ya había puesto sobre aviso a unos 1.500 sin papeles que ocupaban distintos emplazamientos en Calais. Unos han conseguido escapar hacia Noruega y hacia Bélgica, mientras que otros se refugian todavía en los aledaños de la llamada Jungla.

Tanto la anomalía como la actitud contundente del Gobierno francés han originado la estupefacción de varias organizaciones humanitarias y hasta del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). De hecho, su portavoz en París, William Spindler, afirmó que espera que el ministro de Inmigración, un ex militante socialista, tenga en cuenta la emergencia de los sin papeles y no les obligue a regresar por la fuerza a sus países de origen.

Mucho más lejos ha ido Martine Aubry en nombre del Partido Socialista (PS). «Cuanto ha ocurrido hoy en Calais no tiene explicación desde el punto de vista humano», afirmó ayer. «De nada sirve ahuyentar de esta manera a las personas desesperadas. Es una cuestión de supervivencia, de manera que el uso de la fuerza no conduce a ningún sitio», explicaba la primera secretaria del PS una vez que se dio a conocer la notica del desmantelamiento de La Jungla.