El Gobierno español persigue reforzar la posición negociadora de la UE con los países de origen para evitar la llegada masiva de niños. Sólo en Canarias, el Gobierno autonómico asegura tener recluidos a más de 1.000 niños que llegaron sin ningún miembro de su familia, cuando la capacidad de sus centros para menores es de 250 plazas.