El aviso llegó desde la delegación de la Interpol en Letonia. En unas pocas líneas, el mensaje alertaba de que se había detectado la presencia en ese país báltico una banda que captaba a mujeres en Rusia y que las enviaba a burdeles situados «a 100 kilómetros» de Barcelona.
Tras recibir la alerta, agentes en Barcelona del Cuerpo Nacional de Policía – – en concreto, de la Unidad contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsificaciones Documentales (UCRIF) – – abrieron una investigación que duró siete meses y que concluyó el 17 de septiembre con el desmantelamiento de una banda que se dedicaba a la explotación sexual de mujeres a las que compraba en Vladivostok, el extremo más oriental de Rusia. Siete personas (dos hombres y cinco mujeres, originarias de Rusia, Bielorrusia, Ucrania, Letonia y Turkmenistán) fueron arrestadas. En el momento de la operación, regentaban un burdel en Ponts (Lleida) en el que ejercían cinco mujeres.

INFORME PREVIO DE LAS MUJERES / El grupo, que regentaba ese prostíbulo – – y que está vinculado con otros burdeles – – pagaba 3.000 euros por cada mujer a una mafia instalada en Rusia. «Esa estructura captaba a las mujeres tras hacerles un estudio previo. Buscaban a chicas guapas, de clase media o baja y que tuvieran a familiares a su cargo», cuentan fuentes de la investigación.
Una vez captadas, las jóvenes iniciaban un largo periplo. Primero, en Vladivostok subían al Transiberiano y realizaban el mítico trayecto de este tren hasta Moscú, un viaje de 9.000 kilómetros que dura siete días. Allí, obtenían un visado de turista para entrar en Polonia, a donde viajaban en avión.
En Varsovia, tomaban otro vuelo a Barcelona, en cuyo aeropuerto les esperaban los miembros de la banda del burdel de Ponts. A uno de los hombres de esa mafia se les imputa un delito de abusos sexuales pues, en al menos una ocasión, tras recoger a una de las chicas en al aeropuerto la trasladó a su piso donde tuvo relaciones sexuales. «A la nueva había que probarla», dijo, según consta en la investigación policial.

DEUDAS Y MULTAS / De hecho, mientras duró la investigación, los agentes vieron como la banda traía a cuatro chicas nuevas. Una vez aquí, los gestores del prostíbulo convertían los 3.000 euros que habían pagado por cada chica en la deuda que la joven tenía contraída con ellos por haberla traído a España.
Una deuda que la banda se cobraba con creces. El funcionamiento era el siguiente: la joven entregaba la mitad de lo que cobraba en cada servicio a la banda y se quedaba ella con la otra mitad. Sin embargo, de su parte, la organización les descontaba un pago de la deuda contraída, así como la manutención, el alojamiento y la multa si había cometido una indisciplina.