WASHINGTON.— Tras la encarnizada batalla que libra a favor de una reforma sanitaria, el presidente estadounidense, Barack Obama, apenas tendrá tiempo para recuperar el aliento y el capital político que necesitará para enfrascarse en la próxima guerra cultural: la reforma migratoria, que amenaza con poner nuevamente en pie de guerra a la base conservadora del Partido Republicano para evitar que Obama abra la puerta a la legalización de más de 12 millones de indocumentados.

“El presidente ya ha dicho que no va a ser fácil. Y nosotros sabemos que aún nos falta por ver una campaña de odio muy dura contra los inmigrantes”, dijo Lisa Navarrete del Consejo Nacional de La Raza, en el anticipo de una difícil campaña a favor de una iniciativa que no sólo deberá sortear un intrincado proceso de negociaciones en el Congreso, sino el odio y rechazo a los inmigrantes.

La ardua lucha por la reforma sanitaria ha conseguido poner al presidente contra las cuerdas. El activismo de una extrema derecha que ha secuestrado al Partido Republicano parece haber cancelado toda oportunidad de diálogo para reformar un sistema de salud que margina a 46 millones de ciudadanos (16 millones de ellos hispanos), según el último informe de la Oficina del Censo.

En medio de esta ofensiva ha hecho acto de aparición el poderoso lobby de los antinmigrantes. Organizaciones como Federation for Immigration Reform (FAIR) —clasificado como “grupo de odio” por organizaciones como The Southern Poverty Law Center— han iniciado una campaña para propagar la versión de que la reforma sanitaria que promueve Obama subsidiará con fondos federales la cobertura médica de millones de indocumentados.

La ofensiva ha conseguido que las iniciativas de reforma sanitaria y migratoria converjan en un explosivo cruce de caminos. El debate que ha desatado la reforma sanitaria ha contaminado por adelantado el inacabado debate sobre la suerte de 12 millones de indocumentados, cuando el proyecto de reforma ni siquiera ha terminado de cuajar en el Congreso. “De ahí la importancia de que la reforma sanitaria salga victoriosa”, consideró Frank Sharry, director ejecutivo de America’s Voice, una organización que aglutina a varios grupos en defensa de la legalización de indocumentados, al advertir que lo que se viene no es sólo un intenso debate político, sino una intensa “guerra cultural”.

“Para organizaciones como FAIR y locutores de radio de extrema derecha este debate no es sólo sobre reforma migratoria, sino sobre cómo deshacerse de un par de millones de latinos, porque desde su punto de vista ya hay muchos en el país”, añadió Sharry.

De las dificultades para atemperar los ánimos del próximo debate sobre reforma migratoria ya ha dejado constancia la polémica desatada por el congresista republicano por Carolina del Sur, Joe Wilson. Su exabrupto del pasado 9 de septiembre, cuando tuvo la osadía de gritar “mentiroso” al presidente cuando éste aseguró ante el Congreso que la reforma sanitaria no subsidiará la cobertura médica a “ilegales”, ha tenido el mérito de vincular el futuro de la reforma sanitaria con el destino de millones de indocumentados y de cerrar las filas de la extrema derecha contra toda posibilidad de legalización para quienes permanecen sin papeles en el país.

“Yo no creo que este plan de salud tenga que cubrir a ilegales y por eso nos aseguraremos de que exista un sistema de verificación, que garantice que nadie que está ilegalmente se beneficiará”, aseguró ayer el presidente Obama en una entrevista con la cadena CNN.

La idea de implantar un sistema de verificación que niegue cobertura médica a indocumentados se ha convertido en una suerte de “solución de compromiso” que el presidente ofrece a los republicanos para acallar las voces de quienes insisten en que la reforma sanitaria beneficiará a “millones de ilegales”.

Contra esta opción, sin embargo, medios tan influyentes como The New York Times han advertido contra una criba que podría estar movida más por la antipatía hacia los indocumentados que por la necesidad de garantizar la salud de millones. Este sistema de verificación, advirtió el diario, dispararía no sólo los costos del presupuesto, sino que dejaría a millones expuestos en caso de una epidemia como la gripe A H1N1, que no discrimina entre legales o ilegales.