El 17 de septiembre del 2007, un profesor del CEIP Manuel Sueiro, de Ourense, resultó agredido por un padre de etnia gitana. La hija de este, alumna del centro, le contó que el docente le había reñido. Cuando el profesor salía del colegio, el progenitor se abalanzó sobre él y le propinó varios golpes que le causaron heridas y la baja laboral. El asalto fue tan rápido que el docente no tuvo tiempo de reaccionar.

El agresor fue detenido y, tras declarar ante el juez, quedó en libertad con cargos por atentado contra un funcionario público. Dos años después, la víctima prefiere guardar silencio, a la espera de que se celebre el juicio.

La junta de personal pedía que los hechos fuesen calificados de agresión a la autoridad. En esta comunidad escolar de Ourense se critica que el juez no dictase una orden de alejamiento para el acusado, algo que creen que hubiera sido consecuente con lo sucedido. No se ha vuelto a repetir nada igual, pero los profesores reconocen que una agresión así no es fácil de evitar por muchas medidas que se establezcan.

Los hijos del agresor continúan escolarizados y algunos profesores señalan que es duro tener que ver al padre en el centro cuando los va a recoger. «Os pais quedaron tocados, preocupados – explica un docente – . Pediuse apoio da Administración, non só administrativo, porque é forte ver aquí ao pai sabendo o que fixo. É unha tensión e unha excitación que non esperas».