pamplona. El debate aún está verde. La falta de posiciones claras sobre el sexo de pago demuestra que aún son necesarios muchos pasos antes de decidir acerca de su regulación o su prohibición. Las alarmas sociales que se activan a raíz de episodios puntuales avivan las posturas más radicales, aquéllas que demandan que se saque a las prostitutas de las calles, proliferen los burdeles y que todo se esconda debajo de la alfombra de la hipocresía, para dar la espalda a una actividad a la que se dedican en Navarra entre 700 y 750 personas, pero cuya clientela se eleva a unos 2.000 hombres cada día.

La complejidad del asunto inclina a la mayoría de las planteamientos a concentrarse en la más grave de las manifestaciones, como es la trata de blancas y la explotación sexual. Precisamente ésta es la opción del Gobierno central, que se sitúa entre quienes exigen la regulación o la prohibición, o la restricción que afecte a la prostitución callejera. Para el Gobierno, la visibilidad del sexo de pago no es lo más preocupante, sino el problema de fondo, aquel que afecta a la dignidad de las mujeres y a la lucha contra las redes que las utilizan.

Reglamentación sí, pero en beneficio de quién. Es la pregunta que se hacen muchos especialistas. “Hay que ver en defensa de qué intereses se podría llevar a cabo una reglamentación. En el fenómeno está la figura de los proxenetas o empresarios, la clientela, las personas que la ejercen y también los ciudadanos o vecinos afectados. Lo deseable sería aportar el mayor bienestar a las personas que ejercen la prostitución, que se erigieran en agentes principales del debate”.

Asociaciones que trabajan con las prostitutas en Navarra aseguran que la gran mayoría de ellas saben que viajan a España para ejercer la prostitución, lo que en principio deja poco espacio para la explotación sexual. “Lo que no saben a lo mejor es en qué condiciones van a estar o nunca lo han hecho antes, pero sólo una mínima parte denunció la situación en la que estaban en el club y que les habían retenido el pasaporte, de modo que no era lo que ellas estaban esperando. Lo que es común a todos los casos es la deuda económica que han contraído por viajar a España, lo que les obliga a permanecer un tiempo en los clubs hasta que la saldan”.

El segundo Plan de Lucha contra la Exclusión Social en Navarra, para el que se confeccionaron durante el año pasado doce monografías en torno a colectivos en riesgo, sigue sin ver la luz. La prostitución, por primera vez, contaba con la entidad suficiente para fomar parte de los planes de actuación de la Administración foral en este ámbito. Sin embargo, personas implicadas en la elaboración del material para el departamento de Asuntos Sociales sospechan que “quizá el trabajo que se realizó no fue del agrado de las personas que estaba a cargo” de este plan. “El diagnóstico está hecho y también están hechas las propuestas, pero el plan ni se ha elaborado, ni se ha publicado aún”, apuntan algunos expertos.

un colectivo sin conciencia Entre los trabajadores del sexo no hay ni organización, ni conciencia de colectivo. No existe una voz que las aglutine, de ahí que sea imposible definir una postura general. “Algunas mujeres sí aluden a sus derechos. Se quejan de llevar ya tiempo en España y no tener regularizada su situación. Les gustaría tener su seguridad social, derecho a bajas, tener permiso por maternidad, a la jubilación, etc. Al mismo tiempo, existe preocupación ante una posible reglamentación, porque si se exigirían papeles, la mayoría serían deportadas”.

Todas las personas consultadas afirman que, dado que se trata de un tema complejo, “merece toda la atención por parte de la sociedad, que no debería abordarlo de una forma alarmista”. “Se debería analizar a qué causas obedece la existencia de la prostitución, que está intrínsicamentes relacionadas con la sociedad en la que vivimos y el modelo de sexualidad que disfrutamos todos los ciudadanos. Es algo que nos atañe a todos”. >j.m.