| Participantes en el Congreso de las Migraciones en España denuncian la falta de políticas integrales

El sexto Congreso de las Migraciones vivió ayer una jornada centrada en el tema de las políticas de integración y los procesos de inclusión y exclusión social de la población inmigrante. Algunos participantes denunciaron que uno de los mayores obstáculos para la integración es la falta de coherencia entre las leyes de extranjería y las políticas de integración.

La investigadora Susana Moreno, del departamento de Antropología Social de la Universidad de Sevilla, declaró a La Voz que «el sistema es totalmente incoherente, la sociedad está fragmentada por las leyes de extranjería del Estado, que irónicamente luego le pide a los gobiernos autonómicos y locales que trabajen en la integración», y agregó que «no es posible integrar si no se tienen competencias, porque todos los ámbitos en los que se actúa localmente, como sanidad y educación, están condicionados por por las leyes estatales que limitan la participación».

Discriminación

Para Moreno, «no se puede lograr la igualdad en un ámbito discriminatorio, y son las propias leyes las que discriminan». Denunció la falta de políticas integrales que tomen en cuenta elementos como la cultura y la religión, ya que «sentirse parte de un grupo, y no solo el trabajo, genera bienestar».

Lorenzo Cachón, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), llamó la atención sobre la necesidad de exigir «coherencia entre las leyes y las políticas de integración, entre los planes del Gobierno y los de las comunidades autónomas, entre las medidas que proponen los políticos y las que finalmente ponen en marcha».

En la misma línea se expresó Oriol Amorós, secretario para la inmigración de la Generalitat de Cataluña, que aseguró que aunque el Estado español transfiere a las autonomías las competencias en las áreas «más importantes en el proceso de un inmigrante para que tenga igualdad de derechos y deberes y se sienta integrado», el marco estatal de extranjería «se inmiscuye e interfiere en ese proceso». «La mayoría viene para quedarse, y ya que es así, debemos poner un marco estatal de leyes que faciliten el proceso de integración y que impidan, por ejemplo, que haya personas que pasen más de 20 años esperando obtener la nacionalidad». «Una ciudadanía restrictiva no es coherente con el hecho social que estamos viviendo», afirmó.

Por su parte, la investigadora de la UCM Elisa Brey puntualizó que se debería utilizarse el término «integración social» y no «integración de los inmigrantes », ya que, a su juicio es toda la sociedad la que debe aprender a integrarse en un proceso que nos compete a todos.