La polémica sobre la indisciplina en las aulas y el maltrato a los docentes ha vuelto a calar en la comunidad escolar después de que el padre de un alumno de un colegio madrileño fuera detenido el miércoles acusado de insultar, amenazar y agredir a la directora y un jefe de estudios por regañar a su hijo. En Euskadi, cincuenta docentes pidieron ayuda el pasado curso a los servicios del Defensor del Profesor del sindicato ANPE y en la unidad de Apoyo al Docente Acosado de UGT, tras haber sido víctimas de la violencia de alumnos o sus familias.

Los casos que atienden estas dos centrales se han reducido en el último año, en buena parte gracias a la puesta en marcha en Euskadi del Decreto de Derecho y Deberes de los escolares y a los programas de convivencia de los centros, que canalizan muchos de estos conflictos antes de que traspasen las puertas de la escuela. El decreto da mayor poder a los directores y les permite sancionar de forma inmediata las actitudes violentas o el incumplimiento de las normas, sin esperar durante meses a que se resuelva un expediente.

El teléfono del Defensor del Profesor del ANPE recibió las peticiones de ayuda de 30 profesores de la comunidad vasca durante el último año académico. Desde que se abrió el servicio en 2007 cerca de 130 maestros de colegios públicos y privados de Euskadi recurrieron a la unidad. Según las estadísticas del sindicato, un 20% sufrieron amenazas verbales graves y el 10%, ataques físicos: golpes, empujones, puñetazos, zarandeos y palizas. Los expertos de ANPE recuerdan que la mayoría de los denunciantes están de baja por ansiedad y depresión y medicados.

Los padres son protagonistas de una buena parte de las agresiones físicas. «Atendimos a un profesor que recriminó a un alumno por hablar en clase y, al día siguiente, se presentó en la escuela su padre, en actitud muy agresiva. Le insultó, amenazó y le zarandeó. Le dijo que si le pillaba en la calle le iba a pegar una paliza», relata Inmaculada Suárez Valdés, coordinadora del servicio del defensor del profesor de ANPE. Un suceso muy similar al ocurrido en Vallecas esta semana.

Begoña era profesora de un colegio de Bilbao y tuvo que coger la baja durante el pasado curso tras el acoso al que fue sometida por un alumno de Primaria. El menor, de etnia gitana, insultaba y amenazaba a su maestra cada vez que ella le recriminaba su mal comportamiento. El niño le decía que sus familiares iban a ir a por ella y que le pegarían una paliza. «Pasé mucho miedo. Enfermé y tuve que dejar de trabajar», relata la maestra. La sobreprotección de las familias a sus hijos acaba por provocar situaciones ridículas. El sindicato de docentes recogió el caso de un padre que denunció a un profesor ante la Administración por suspender a su hijo.

Entre 14 y 16 años

Pero la razón mayoritaria por la que los docentes vascos piden ayuda es la indisciplina. A la unidad de ANPE, que ofrece asistencia psicológica y asesoramiento legal, llegan las denuncias de enseñantes desesperados porque han perdido el control del aula, no pueden dar clase y se convierten en objeto de vejaciones. «Uno de ellos nos describía el calvario que vivía a diario. Un grupo de alumnos se dedicaban a boicotear las clases. Cada vez que se daba la vuelta en la pizarra, se ponían a gritar. Cuando el docente pedía a los alborotadores que se fueran, comenzaban a insultarle y amenazarle», añade Suárez.

Muchas de esas escenas de humillaciones a maestros las graban los adolescentes con los móviles y están colgadas en Internet. Un reciente sondeo de UGT a pie de aula en Euskadi mostró que la franja de edad en la que se producen los mayores conflictos es el tramo entre los 14 y los 16 años.

Por su parte, el Servicio de Apoyo al Profesor Acosado de UGT atendió el pasado curso a 20 afectados en el País Vasco. Desde que pusieron en marcha la unidad en 2006 han prestado ayuda – psicológica, legal y laboral – a más de un centenar. Los técnicos del sindicato censuran que las víctimas no cuentan aún con el respaldo suficiente de la Administración.

Sacar a la luz las agresiones puede llegar a complicarles aún más su vida laboral. «Uno de los profesores que hemos atendido me dijo que lo único que había conseguido con su denuncia era perder su plaza de modelo A y tener que volver a presentarse a las adjudicaciones», señala Ana Álvarez, responsable del servicio de UGT, que ofrece asistencia en este momento a seis víctimas de maltrato.

La inmensa mayoría renuncia a acudir a los tribunales por la maraña judicial en la que acaban enredados. De los 20 casos tramitados por UGT el pasado curso, sólo 3 llegaron al juzgado. «Cuando un docente denuncia, después suele haber una contradenuncia de las familias de los alumnos. Los profesores deben buscar testigos, someterse a careos, sufren un proceso muy duro», añade Álvarez. Y para pocos resultados. La agresión que sufrió una docente de 47 años a manos de la madre y la tía de una alumna en el patio de un colegio público guipuzcoano es uno de los pocos casos que acabaron en condena judicial. La sentencia da medida de la situación: el juez condenó a las acusadas a 60 y 120 euros por la paliza que dieron a la maestra.

La Comunidad de Madrid lanzaba hace unos días la propuesta de dotar de la consideración de autoridad pública al profesor con el fin de que se puedan lograr condenas más duras, incluso de cárcel. «El docente no estaría obligado a probar la agresión como ahora. Además, tendría un efecto disuasorio», señalan desde ANPE.


m.f.vallejo@diario – elcorreo.com