El parlamento comenzó a analizar ayer las últimas modificaciones aprobadas por el Consejo de Ministros el pasado 26 de junio, en lo que constituye la cuarta ocasión en menos de diez años, en que España reforma su Ley de Extranjería.

Durante el primer debate de ayer, 183 diputados rechazaron las enmiendas planteadas a la totalidad del proyecto de ley.

El gobierno supera así un primer escollo, pero deberá mejorar sustancialmente el contenido de la normativa si pretende lograr su aprobación.

La ampliación del plazo de internamiento de personas sin papeles, de 40 a 60 días previo a su expulsión, y las restricciones para reagrupar a ascendientes mayores de 65 años son los aspectos más polémicos.

La realidad española actual dista de la que hallaron miles de extranjeros que migraron en los noventa. Por eso el ministro de Trabajo e Inmigración español, Celestino Corbacho, justificó los cambios para “perfeccionar el sistema de canalización legal y ordenada de flujos migratorios, según necesidades del mercado de trabajo”. 

“La sociedad capitalista requiere mano de obra, pero quienes llegan son personas. Esta es la realidad y como tal tenemos que actuar”, afirmó el diputado Joan Tardá, de Esquerra Republicana de Catalunya.

El derechista Partido Popular (principal bancada de la oposición) culpó al Ejecutivo de pasar del lema de campaña “papeles para todos” a tener “problemas para todos”. “España no puede seguir soportando la llegada masiva de inmigrantes porque la capacidad de acogida es limitada”, declaró el diputado Rafael Hernando.

El portavoz de la Asociación Rumiñahui Hispano Ecuatoriana, Raúl Jiménez, mostró esperanzas de que el Gobierno cumpla con su “compromiso de tender la mano y enmendar errores”. Se estima que la norma recibirá el último visto bueno del Congreso antes de fin de año para que entre en vigor el primer trimestre del 2010.