El Pleno del Congreso rechazó ayer las enmiendas a la totalidad planteadas a la nueva Ley de Extranjería, pese a las críticas generalizadas de los grupos que, no obstante, recogieron la mano tendida del Gobierno para mejorar el proyecto. Durante el debate del Pleno, que echó atrás las enmiendas a la totalidad del PP, PNV y ERC – IU – ICV por 183 en contra, 154 a favor y dos abstenciones, el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, defendió la necesidad de consensuar la nueva reforma de la Ley de Extranjería y de aparcar las diferencias partidistas. Todos los grupos del arco parlamentario recogieron el guante, aunque advirtieron a Corbacho de que habrá que mejorar mucho el texto original del Gobierno y habrá enmiendas en prácticamente todos los preceptos.

Tras calificar la política migratoria de «asunto de Estado», el ministro de Trabajo e Inmigración pidió el apoyo de los grupos para aprobar una reforma que, dijo, consolida la inmigración legal y ordenada y la adapta a las necesidades del mercado de trabajo. En posteriores declaraciones a la prensa, Corbacho rechazó la afirmación de algún grupo y de distintas organizaciones sociales respecto a que los inmigrantes sin papeles no podrían empadronarse en caso de carecer de papeles y, consecuentemente, se les cerrarían las puertas a la sanidad y a la educación.

Durante su intervención en el hemiciclo, a cuya tribuna de invitados acudieron organizaciones sociales y la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, el ministro recordó los ejes de la cuarta reforma de la Ley de Extranjería que se lleva a cabo desde 2000 y acusó al PP de haber declinado la moderación en favor de intereses partidistas. Añadió que la iniciativa legislativa se justifica porque en España hay una nueva realidad migratoria – de 800.000 extranjeros en 1999 se ha pasado a 4,5 millones en marzo de 2009 – y es necesario «pasar de una Ley de Extranjería a una ley de inmigración».

Demagogia

A juicio del PP, en boca de su portavoz Rafael Hernando, la política migratoria del Ejecutivo ha pasado del «papeles para todos a problemas para todos» y sus regularizaciones «masivas» tampoco han servido, dado que el actual número de irregulares ronda «el millón». Hernando acusó a Corbacho de mentir, porque, pese a la crisis y a sus «declaraciones demagógicas de que España no necesita más extranjeros, en el segundo trimestre de 2009 unas 130.000 personas han obtenido el permiso de trabajo y residencia». Se trata a su juicio de una reforma «meramente cosmética que perpetúa los principales defectos» del reglamento de extranjería de Jesús Caldera.

Por su parte, el portavoz de IU – ICV, Joan Herrera, recalcó que la nueva ley «recoge pocos derechos» y no garantiza el control judicial en los centros de internamiento de extranjeros; en un tono similar el diputado Joan Tardá (ERC) afirmó que el PSOE necesita «mano de obra, pero llegan personas».

El tercer grupo en plantear una enmienda a la totalidad, el PNV, recordó – por boca de su portavoz Emilio Olabarria – que tanto Amnistía Internacional como Red Acoge, Cáritas o la Comisión Española de Ayuda al Refugiado han cuestionado el texto, «todo son críticas». Olabarria felicitó además a Corbacho por su voluntad de querer tender la mano, aunque «va a tener que tender las dos manos», ya que, entre otras razones, es una ley a la que se puede refutar casi todo.

Ana Oramas, de Coalición Canaria (Grupo Mixto), advirtió de que la reforma, en sus actuales términos, será muy difícil que sea apoyada por CC, y consideró «grave» que no concrete nada sobre los menores extranjeros no acompañados. Tanto Begoña Fernández Dávila (BNG) como Carles Campuzano (CiU) confesaron que el proyecto no responde a sus expectativas, pero sin embargo dijeron confiar en el trabajo que se haga durante su tramitación.