La reforma de la Ley Orgánica de Extranjería (Loex) vuelve al Parlamento hoy comienza a debatirse en el Congreso de los Diputados y lo hace acompañada de un buen puñado de enmiendas y objeciones.

Al margen de lo que propongan los grupos parlamentarios, varias organizaciones en defensa de los derechos del inmigrante presentaron ayer un paquete compuesto por más de 100 retoques. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (Cear), Red Acoge y Cáritas consideran el proyecto, aprobado por el Consejo de Ministros el 26 de junio, «un retroceso en derechos humanos». Según Alfredo Abad, secretario de Cear, tratan de evitar que «el inmigrante quede reducido a simple mercancía». Para él, «la crisis hace que éste sea el momento más inoportuno para llevar a cabo la reforma». Ana Abril, coordinadora de Cáritas, le apoya: «La crisis no es excusa para retroceder en derechos».

En las enmiendas advierten de que la reforma de la ley limita el acceso del inmigrante a derechos fundamentales como la educación o la asistencia sanitaria, ya que establece que no podrá figurar en el Padrón si carece de permiso de residencia.

Estas plataformas han contactado con varios grupos parlamentarios y, según comentaron, «la receptividad de sus enmiendas ha sido buena» aunque matizaron «de momento nadie se ha comprometido a nada».