ANTONIO BAQUERO / BARCELONA
FIDEL MASREAL / MADRID

Para la Generalitat, el trámite parlamentario de la reforma de la ley de extranjería que hoy comienza es la ocasión perfecta para que se hagan realidad las grandes apuestas recogidas en el Pacte Nacional per a la Immigració que escapaban a las competencias autonómicas. El acuerdo, rubricado en diciembre por PSC, CiU, ERC e ICV-EUiA, incluía demandas de reformas legales que, a juicio de los firmantes, eran básicas para la integración de los inmigrantes. Entre ellas, el Govern va a intentar incluir en la reforma de la ley de extranjería su petición de que sea la Administración catalana la que fije los criterios a partir de los que se acredite si un inmigrante está integrado. Esa acreditación es indispensable para el acceso a la nacionalidad española y hasta ahora se determinaba mediante la entrevista del extranjero con un juez.
«Hay una Administración, que es la Generalitat, que se encarga de la integración de los inmigrantes. Lo lógico es que, tal y como establece el Pacte Nacional, sea esta Administración la que establezca los criterios para decidir si un extranjero está integrado o no», comentó el secretario de Immigració de la Generalitat, Oriol Amorós. Esta modificación permitiría a la Generalitat participar activamente en la concesión de la nacionalidad a inmigrantes.

REAGRUPACIÓN DE LOS PADRES / Amorós recordó que las peticiones hechas por el Govern no son un brindis al sol, sino que algunas ya han sido recogidas por el Gobierno. Un ejemplo es la autorización para trabajar a los inmigrantes llegados a España mediante reagrupación familiar, una demanda recurrente de la Generalitat que al final ha sido incluida en la ley. Además, el Govern ha conseguido que el veto a la reagrupación de padres de inmigrantes incluyera excepciones humanitarias.

«DIFÍCIL ENCAJE JURÍDICO» / La demanda del Govern será suscrita por todos los partidos firmantes del Pacte Nacional. De hecho, ayer, tanto Joan Tardà, de ERC, como Carles Campuzano, de CiU, trasladaron la petición de esa reforma al ministro de Trabajo, Celestino Corbacho. Además, fuentes del PSC confirmaron su intención de introducir esa petición en el debate.
Fuentes del ministerio comentaron «su disposición a negociar la participación de las autonomías en el proceso de nacionalización», así como «la inclusión del conocimiento de lenguas como el catalán» entre los requisitos para acreditar la integración en España de un extranjero residente en Catalunya. Eso sí, reconocieron «el difícil encaje jurídico de esas cuestiones», aunque avanzaron que «se buscarán fórmulas».
Para el trámite parlamentario de hoy, consistente en el voto de las enmiendas a la totalidad, el Gobierno contará con CiU como aliado principal. La federación nacionalista votará junto al grupo socialista contra las enmiendas a la totalidad que han presentado el PP, el PNV y el grupo de ERC-IU-ICV. Las dos últimas podrían no someterse a votación en función de si republicanos y nacionalistas vascos creen suficiente la voluntad negociadora del Ejecutivo.
Según fuentes de CiU, su apoyo al Gobierno se debe al compromiso del ministro de Trabajo de negociar las reivindicaciones de una mayor participación autonómica en la ley.

IMAGEN DE CENTRALIDAD / Fuentes socialistas no esconden que al Gobierno le es políticamente favorable conseguir hoy una imagen de centralidad política a la hora de tramitar la ley, haciéndolo con la oposición a la vez del PP, por una parte, y de ERC e IC-IU, por la otra, pues son dos enmiendas a la totalidad con argumentos contrapuestos. Mientras los populares exigen endurecer las condiciones para la reagrupación familiar, ERC reclama lo contrario y que no se incremente hasta 60 días el plazo máximo de internamiento de los inmigrantes sin papeles.