Cáritas Española, la Red Acoge y la Comisión Española de Ayuda a los Refugiados (CEAR) denunciaron ayer que la nueva Ley de Extranjería les cerrará las puertas a la sanidad y a la educación a los inmigrantes ilegales porque les exigirá ser residentes legales para poder inscribirse en el padrón municipal. El secretario general de CEAR, Alfredo Abad, recalcó que hay aspectos que «contradicen» las sentencias del Tribunal Constitucional en la materia e incluso pueden ser inconstitucionales. Entre las enmiendas que plantean CEAR, Red Acoge y Cáritas figura modificar la redacción del proyecto sobre el padrón, que impedirá empadronarse a los extranjeros sin autorización de estancia o residencia legal. Esto implica que no tendrán acceso a «la tarjeta sanitaria o a la educación». La restricción también supondrá que los ayuntamientos verán crecer su población real y su necesidad de recursos, sin que puedan acreditarlo.