El Ministerio de Trabajo e Inmigración ha suscrito un convenio con la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Juan José Imbroda para colaborar con la Administración local en la acogida y atención a los menores extranjeros no acompañados. El presupuesto que contempla este acuerdo es de 4.448.000 euros, aunque más de 3,4 millones de euros los aporta el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero.

En el texto del acuerdo se especifica que el convenio tiene por objeto establecer las condiciones y requisitos a los que se ajustará la colaboración entre el Ministerio de Trabajo e Inmigración y la ciudad de Melilla «para mejorar la atención en los centros de menores extranjeros no acompañados que se encuentren en territorio melillense». Según se informa, el Gobierno central aporta al autónomo los fondos necesarios para la acogida y atención inmediata de estos niños y adolescentes «a través de la provisión de servicios de alojamiento y de cuidados adecuados a las características y necesidades específicas de todos ellos». También se prevé dotar a este acuerdo del personal necesario «y debidamente cualificado» que les dotará de la información, orientación y apoyo psicosocial del menor, su escolarización e su inserción profesional.

El Ministerio de Trabajo prestará también la asistencia técnica que la ejecución del convenio requiera. De igual modo, se promoverá el intercambio y difusión de cuanta información, conocimientos y experiencia se posea para la mejor atención a los menores y la adecuación de los recursos a las necesidades de cada momento.

Desde la Delegación del Gobierno se subraya que el Ejecutivo central da así «cumplida respuesta» a las necesidades económicas de la Ciudad Autónoma derivadas de los gastos de mantenimiento y asistencia de los menores extranjeros no acompañados que, bien se encuentren tutelados por la Administración local o que, «de manera periódica y constante», acceden a ella por cortos periodos de tiempo.

El convenio, suscrito entre el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, y la consejera de Bienestar Social, María Antonia Garbín, se ampara en los principios constitucionales sobre la obligación que tienen los poderes públicos de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia y, en especial, de los menores de edad. De acuerdo con este principio, todos los menores de 18 años de edad que se encuentren en territorio nacional tienen derecho a recibir la asistencia adecuada para el efectivo ejercicio de sus derechos.