ANTONIO BAQUERO / XABIER BARRENA
BARCELONA

No habrá ley que regule la prostitución callejera. O, al menos, no será la Generalitat quien la elabore. Así, con toda la contundencia que pudo, lo avisó ayer el conseller de Política Territorial y Obres Públiques, Joaquim Nadal. «El criterio del Govern no es legislar a golpe de titular; una legislación inmediata no es posible ni planteable», dijo Nadal, que diluyó el alud de demandas a favor de una norma que regule el problema –entre ellas, la del alcalde de Barcelona, Jordi Hereu– al afirmar que con la actual legislación ya «hay instrumentos para intervenir y minimizar el efecto» de esa actividad.
No es la opinión de muchos ayuntamientos catalanes, que ante la inacción legisladora de Generalitat y Gobierno se afanan por su cuenta a dotarse de herramientas normativas para poner coto a la prostitución en sus calles. Ayer fueron los de Figueres (Alt Empordà) y Sant Julià de Ramis (Gironès) los que se sumaron al goteo de consistorios que han dictado ordenanzas cívicas para acabar con la prostitución de la vía pública. Seguirán el modelo de una docena de localidades catalanas que han decidido sancionar con multas de entre 300 y 3.000 euros a las mujeres que se prostituyan y a sus clientes.

CIERRE DE CLUBS DE ALTERNE / Sin embargo, Nadal se mostró impermeable a las demandas municipales. «De lo que se trata es de actuar con los medios disponibles», comentó el conseller, que se mostró partidario de actuaciones permanentes contra esta actividad. De hecho, puso como ejemplo de la «decidida» voluntad del Govern de cerrar prostíbulos la operación de los Mossos d’Esquadra contra los clubs Riviera y Saratoga.
Nadal restó importancia a las legislaciones aprobadas por países como Holanda o Suecia. «En ningún lugar del mundo se ha erradicado del todo [la prostitución], y los casos donde se ha regulado son los menos en el horizonte mundial», comentó. Aunque opinó que «nadie ha descubierto nada» con las fotos de prostitutas realizando servicios sexuales en el mercado de la Boqueria, el conseller sí reconoció que este verano ha podido producirse un repunte de la prostitución en Catalunya.
En Barcelona, donde el debate sobre la prostitución está más candente, el líder municipal del PP, Alberto Fernández Díaz, pidió ayer a CiU y PSC que secunden su propuesta de incluir en la ordenanza cívica una prohibición expresa de la prostitución callejera. Fernández arremetió contra el alcalde, Jordi Hereu, y pidió una ordenanza más clara. Para el popular, el debate de si el Congreso debe o no regular el comercio del sexo es independiente de lo que ocurra en las calles. «El consumo de alcohol está legalizado, pero el botellón está prohibido», dijo como ejemplo.
Poco después, el que se paseó y se reunió con los vecinos del Raval fue el líder de CiU, Xavier Trias. Se reafirmó en su petición de que se cumpla con la ordenanza, acusó a Hereu y a la concejala del distrito, Itziar González, de estar desaparecidos y presenció cómo algunos vecinos discutían entre ellos con ardor guerrero pero sin que la sangre llegara al río.

TESTIMONIO DE UNA PROSTITUTA / Sobresalió en la discusión el testimonio de María, una prostituta uruguaya «de 41 años, con un hijo», cansada «de hacer todos los cursillos» que el ayuntamiento le facilita pero que no encuentra trabajo «por no tener papeles». Relató que la calle era su única forma de sustento debido a «que se están cerrando también los locales de alterne» y, además, en dichos bares no quieren a mujeres de su edad, «sino a veinteañeras».