E n menos de treinta años, España ha pasado de ser un país que perseguía penalmente la homosexualidad a contar con la legislación más avanzada en la materia, rompiendo barreras de desigualdad y trincheras jurídicas. La Ley de Vagos y Maleantes, primero, y la de Peligrosidad Social, posteriormente, exhibieron durante décadas una homofobia feroz que no desapareció hasta 1979. Pero fue, sin duda, la reforma del Código Civil aprobada por el Parlamento el 30 de junio de 2005 la que culminó una evolución normativa radical, permitiendo el matrimonio entre personas del mismo sexo y equiparándolo al suscrito entre heterosexuales, incluido el derecho a la adopción. Hasta entonces, sólo Bélgica y Holanda admitían estas uniones. Cuatro años después y pese al lastre de nacer con la oposición a la reforma del Partido Popular y la animadversión de la jerarquía católica, el cambio legal ha encajado sin grandes sobresaltos en la sociedad. A fin de cuentas, la reforma permite, pero no obliga, y se limita a habilitar un espacio para el ejercicio de la libertad individual, evitando que la sexualidad se convierta en un factor discriminador.

Este salto cualitativo, sumado a un ambiente extendido de tolerancia o, al menos, de falta de agresividad explícita hacia la homosexualidad, explica que España sea el país del mundo en el que más matrimonios entre personas del mismo sexo se celebran, en torno a 28.000 en los cuatro años de vigencia de la ley. Y también, que casi la mitad de estas uniones, el 45%, tenga un miembro de la pareja extranjero, frente al 19% de las heterosexuales. Unas estadísticas que obedecen, evidentemente, al favorable contexto jurídico – y también social – , que hace que buena parte de estos matrimonios se queden a vivir en territorio español, pero también a las legislaciones restrictivas, cuando no punitivas y represoras, de otros países, en particular de Latinoamérica. Este contraste es el que otorga a España una singular condición de sociedad avanzada en materia sexual y de diversidad familiar. Cualidad que no debería servir para tapar los aún notables recelos existentes hacia la homosexualidad en diversos sectores de nuestra sociedad ni para ocultar las importantes cortapisas que siguen limitando la normalidad vital de numerosos ciudadanos. Por mucho camino que se haya recorrido en treinta años.