La repatriación de un inmigrante indocumentado es siempre un problema para la Administración y, por motivos muy distintos, para el afectado. Las prostitutas subsaharianas de la Rambla carecen de documentación en su inmensa mayoría, a pesar de que en círculos policiales se sabe que proceden de Nigeria, Benín y Togo. La figura de estas mujeres queda atrapada en un laberinto en el que cuando son identificadas por la policía en la calle quedan retenidas, en ocasiones durante horas, y cuando no puede probarse de dónde vienen se les devuelve la plena libertad de movimientos y quedan otra vez expuestas a la explotación de los proxenetas que las dirigen. Y así, hasta que otro día un policía trate de identificarlas de nuevo en cualquier callejón oscuro junto a un extranjero ebrio con la bragueta bajada. Y vuelta a empezar.

El colapso del sistema en este momento es tal que, por una inercia inconfesada en los despachos oficiales pero no en la calle, muchas veces ya no se intenta identificar a la muchacha que comercia con su sexo en la Rambla por mucho que sea sospechosa de vulnerar la ley de Extranjería. Los policías saben que el final de la diligencia casi siempre será el mismo. Tras un proceso burocrático administrativo largo y complejo y que necesita movilizar muchos recursos, la mujer vuelve a estar en la calle y sigue prostituyéndose para alimentar a sus jefes mafiosos a cambio de no recibir un palizón o, en el peor de los casos, de no perder la vida. Este círculo vicioso se confirma, por ejemplo, en el hecho de que muchas de estas mujeres tienen decenas de presentaciones ante las autoridades de Extranjería.

Existe otro indicador que apuntala esta idea, el número de presentaciones de indocumentados ante Extranjería, dependiente del Ministerio del Interior a través de la Policía Nacional, han descendido mucho en los últimos años. Las mujeres subsaharianas no son una excepción.

Si finalmente las autoridades españolas llegan al convencimiento de la identidad y origen del inmigrante sin papeles y se lleva a buen puerto el expediente de expulsión, queda todavía una última barrera que, en el caso de los países subsaharianos, es casi infranqueable. Los estados de destino de estas personas deben reconocerlas como súbditos suyos y documentarlas. Esto ocurre en escasísimos casos.

Además, cuando la persona está ingresada en un centro de internamiento de extranjeros – el de Barcelona está en la Zona Franca-sólo se la puede tener retenida un máximo de 40 días, se hayan cumplimentado los trámites o no. Cuando expira ese plazo, irremisiblemente se la debe dejar en libertad, como ya ha ocurrido en muchas ocasiones con otros colectivos de subsaharianos llegados a Barcelona procedentes de otros centros de internamiento saturados de otros puntos de España.

Si después de cumplirse todos los trámites sin agotar los plazos legales, las autoridades españolas acuden a las legaciones diplomáticas de los países de destino y estos se niegan a reconocer al presentado, se acabó. No hay nada que hacer. No hay lugar al que repatriar a la persona en cuestión. Tampoco es un delincuente, por tanto, se le ha de dejar en libertad. Una prostituta de la Rambla podría ser perfectamente la persona descrita en este supuesto.

En ocasiones, algunos de estos países flexibilizan sus negativas si España, a través de discretas negociaciones diplomáticas, alcanza con ellos acuerdos de colaboración que, por supuesto, deben estar bien dotados de fondos.

La prostituta subsahariana es una mujer sin nombre que no puede ser expulsada pero tampoco reconocida por el país de acogida. Vuelve a la Rambla.