Los inmigrantes no caben ya en las aulas del centro de Educación de Personas Adultas (EPA) Paulo Freire de Vitoria. La demanda de matrícula para uno de los cursos que se imparten, castellano para extranjeros, se ha disparado de tal manera que las 800 plazas ofertadas resultan insuficientes. Decenas y decenas de personas, una cifra muy difícil de cuantificar, se van a quedar sin ir a clase.

Desde las seis y media de la mañana de ayer había inmigrantes esperando a las puertas del centro en la calle Colegio San Prudencio. Sobre las nueve, cuando se empezaron a repartir los números para las matrículas, la cola doblaba la esquina hacia San Vicente de Paúl. «Nunca he visto nada igual», aseguraba un vecino de la zona ante la fila de extranjeros de más de 50 nacionalidades que esperaban su turno. Para evitar altercados y no colapsar la calle varios agentes de la Policía Local controlaron la situación.

El reparto de números se efectuó con agilidad gracias a la presencia de nueve profesores que distribuían diferentes papeletas para distintas fechas, según fueran veteranos o nuevos. Pero a las 10 de la mañana se acabaron los boletos y todos los que llegaron a partir de esa ahora se quedaron sin posibilidad de matricularse hasta febrero con la consiguiente decepción para muchos.

El director de EPA, Patxi Viana, confirmaba poco después con cifras que «se ha producido un incremento del número de matriculados extranjeros hasta el punto que son casi la mitad de nuestros 3.000 alumnos. Pero no tenemos profesorado ni espacio para atender tanta demanda. Tenemos que decir no a mucha gente».

La razón de la demanda de estos cursillos es doble. Para Viana y otros profesionales del sector la grave situación económica ha dejado en el paro a muchos extranjeros que antes no les hacía falta hablar el castellano para encontrar trabajo, por ejemplo en una obra. Además, varios profesores han detectado un mayor control institucional a la hora de exigir a los extranjeros que acrediten sus clases de español «para darles ayudas o legalizar sus papeles». Si bien, el propio departamento municipal de Asuntos Sociales, Cáritas y otras organizaciones no gubernamentales que defienden los derechos de los inmigrantes recuerdan que se trata de una exigencia en vigor desde hace varios años para regularizar la residencia en España a través del arraigo.

«Conocer el idioma es un requisito básico más para alguien que aspira a vivir y trabajar entre nosotros. Para la regularización, el Ayuntamiento debe elaborar un informe en el que la inserción social a través de las clases de castellano u otros cursos es muy importante. Pero eso se viene haciendo desde hace tiempo. No hay novedad», indicó un portavoz autorizado de Asuntos Sociales.

«Una contraprestación»

Cáritas, que no distingue en sus líneas de apoyo entre nativos o inmigrantes , y ayudó en 2008 a 5.632 familias, también tiene la exigencia del castellano como un requisito en sus políticas. «Les pedimos lógicamente un esfuerzo, una contraprestación porque no se dan subvenciones sin más, sino que se inicia siempre un proceso de inserción social. Al fin y al cabo nosotros sólo vamos donde no llega la administración. Tapamos huecos», apunta una portavoz de Cáritas.

Para Filomena Abrantes, de la Asociación Afroamericana, «cuando alguien llega aquí por primera vez lo que tiene que hacer antes de nada es conocer el idioma. Es de sentido común. Y reivindicamos más aulas y más profesores para ofrecer más horas. Si quieren trabajar, o quieren prepararse en cursos necesitan conocer el castellano. Todo eso sirve además para el informe de arraigo, pero no es imprescindible para recibir las ayudas económicas», matiza Abrantes.


p.gongora@diario – elcorreo.com


LOS DATOS
Ayudas Sociales
2008: El Departamento de Intervención Social del Ayuntamiento atendió a 6.344 extranjeros, un 24% más que el año anterior y un 38% del total de asistidos. «Eso desmiente el tópico de que los recursos son mayoritariamente para inmigrantes », dijo el edil López de Munain.
Tipos de ayudas: Renta Básica, Ayudas de Emergencia Social, ayudas de urgencia, bonos para personas con problemas de movilidad, ayuda a domicilio, comida y telealarma. También Cáritas distribuye subsidios donde no llegan las instituciones.