Los vecinos y comerciantes del barrio del Raval que piden una solución frente al aumento de la prostitución, con zonas en las que el sexo se practica al aire libre, se toparon ayer con una frustrante respuesta de las administraciones. Todas ellas (Ayuntamiento, Generalitat y Delegación del Gobierno central) admiten su incapacidad para atajar el fenómeno, responsabilizan a las otras y recuerdan que la prostitución y el Raval llevan siglos cohabitando.

El Ayuntamiento de Barcelona sostiene que aplica con rigor la ordenanza de civismo, en vigor desde 2006. Sus guardias urbanos, dice, identifican a las prostitutas – la mayoría, sin papeles – y las trasladan al Cuerpo Nacional de Policía, que posee las competencias en materia de extranjería. Si esas mujeres no acaban expulsadas y regresan, al cabo de unos días, a La Rambla y alrededores, ya no es cosa suya, sostiene.

La Delegación del Gobierno no entró ayer al trapo, pero subrayó: “las cosas no funcionan así” y que resulta imposible expulsar a mujeres “si no están bien identificadas”. La Generalitat, entre tanto, intenta pasar de puntillas: los Mossos d’Esquadra se ocupan de la seguridad ciudadana, por lo que la polémica les resulta ajena.

Lejos de la arena política, los responsables de los tres cuerpos – que han participado en operaciones conjuntas – coinciden en que la gran dificultad de atajar una práctica que lastra la imagen de Barcelona como capital turística. Y remarcan que, en cualquier caso, la persecución policial “no es suficiente”.

“La prostitución se metió en la ordenanza con calzador. Y fue un error, porque sin un marco normativo superior no sirve de nada. Lo único que se ha logrado es crear más problemas porque, al verse perseguidas, las mujeres se relacionan con el cliente de cualquier manera”, detalla un agente de la Guardia Urbana con amplia experiencia en Ciutat Vella.

Hostigar a las prostitutas, coinciden los policías, no da resultado. Por más agentes que salgan a patrullar, siempre habrá un rincón o un instante del día libres de vigilancia. Es cierto que la plantilla (formada por unos 2.100 agentes) se ve mermada el 60% cada verano, el periodo de mayor actividad en el Raval. “Da igual: si no están en la Boqueria, lo harán en otro sitio”, remarca el agente.

“La prostitución se puede desplazar” de unas calles a otras cuando la presión es excesiva, “pero no es posible eliminarla”. Entre otras cosas, porque tampoco se puede expulsar a las mujeres que la ejercen. La mayoría son inmigrantes extracomunitarias. “Cuando las sancionas, a veces ni se identifican. O carecen de domicilio. ¿Qué haces entonces?”, se pregunta un policía. El agente tampoco puede detenerla porque, “a menos que esté practicando sexo delante de un menor”, la prostitución no es delito.

En caso de estar en situación irregular, se hace cargo el Cuerpo Nacional de Policía. “Si no llevan documentos, pueden decir que son de donde quieren. Incoamos el expediente de expulsión, pero muchas veces sus países no las reconocen y se quedan aquí”, admite un veterano agente de la UCRIF.

“La solución ha de ser transversal, y no sólo policial”, explicaron fuentes del Departamento de Interior, que por ahora descarta elaborar una norma para regular la prostitución.