EL PERIÓDICO
BARCELONA

La Audiencia de Barcelona ha condenado a cuatro años de prisión a Gaietà Martínez, un mosso que estafó a más de 40 inmigrantes chinos, a los que prometió conseguirles el permiso de residencia a cambio de 3.000 euros por persona cuando estaba de excedencia del cuerpo, en el 2007.
En la sentencia, la sección séptima de la Audiencia condena al mosso por un delito continuado de estafa, por el que también le impone una multa de 1.800 euros y el pago de 103.500 euros de indemnización a las víctimas. Además, el tribunal ha ordenado remitir el fallo Interior para que adopte las decisiones que crea oportunas en relación con el condenado, que ha regresado al cuerpo.
Según cree probado el tribunal, el procesado aprovechó para cometer su estafa los contactos que había hecho con inmigrantes chinos durante su labor como sargento en la comisaría de Santa Coloma. De esta manera, el agente consiguió, a través de una intermediaria, un anticipo de 103.500 euros con la promesa de conseguir el permiso de residencia y trabajo a una cuarentena de ciudadanos chinos sin papeles.
El primer estafado fue un ciudadano chino que había sido confidente de la policía catalana en Santa Coloma y a quien el procesado telefoneó asegurándole que, por su profesión, podría conseguirle permiso y trabajo a cambio de 3.000 euros.
El confidente le entregó 1.500 euros como adelanto durante una conversación en la que ejerció de traductora otra joven china que también se convertiría en víctima.
A través de esa traductora, Martínez recibió en noviembre dle 2007 15.000 euros como anticipo de 15 personas. Días después, añade la sentencia, la traductora entregó al agente en excedencia 27.000 euros más como adelanto para la regularización de otros 27 compatriotas.
No contento con esa cantidad, el mosso llamó a la traductora para decirle que necesitaba 2.000 euros más por persona. Para llevar a cabo el intercambio, Martínez quedó en la cafetería de la Estació de França con la traductora, que le dio 30 sobres con 2.000 euros cada uno. El agente se fue prometiendo a la joven volver con los permisos, pero no regresó y, días después, le envió mensajes a su móvil advirtiéndole de que no debía denunciar porque la compra de documentación constituye delito.