Siete de cada diez mujeres víctimas de la violencia de género en La Rioja son extranjeras. Sin embargo, la población inmigrante en la comunidad es sólo del 12%, lo que significa que estas mujeres sufren siete veces más la violencia.
En lo que va de año, la Consejería de Servicios Sociales ha prestado ayuda a 43 mujeres , de las cuales 32 eran de nacionalidad extranjera. El 25 por ciento de las atendidas, tanto en el piso de emergencia como en el hogar de protección, eran españolas, mientras que el resto se reparten entre colectivos de Sudamérica (quince mujeres ), África (ocho), Unión Europea (siete) y Asia (dos).
En muchas ocasiones, la violencia de género entre inmigrantes es tratada como un problema cultural. Pero el abogado y presidente de la Asociación del Mundo Inmigrante (AMIN), Sabiti Ramazani, extrapola este argumento a términos legales. «La mayoría de inmigrantes recién llegados desconocen el sistema jurídico y qué constituye un delito. En sus países, empujar a su mujer es algo normal, no significa nada y están acostumbrados a eso. Sus leyes tampoco protegen a las mujeres ». Síntoma de esto es que la mayoría de agresores carece de documentos por su inmigración reciente.
En muchos colectivos, las mujeres llegan reagrupadas un tiempo después de que su marido se haya instalado en España. Y hace que el hombre ejerza un «chantaje continuo» sobre la mujer ante la amenaza de no concederle documentación independiente. El sistema establece que las mujeres que denuncien maltrato de sus parejas reciben sus propios papeles, legalizando su situación al margen de la condición inicial. Pero esto es algo que la mayoría de las ellas desconocen y que los agresores aprovechan en su favor.
Medidas represivas
La mujer musulmana apenas sale por costumbre. «Por mucho que reciba el permiso de trabajo, no buscará un empleo fuera de casa», asegura el presidente de AMIN, quien incide en la importancia de diferenciar cada caso según su etnia. «A quien hay que sensibilizar realmente es al hombre», enseñar que las mujeres «son iguales» y están protegidas por leyes que muchos inmigrantes desconocen y que las asociaciones tratan de inculcar. «Las medidas que se aplican son represivas y muchas veces llegan tarde», añade.
Desamparo por una ley que el abogado califica de ‘incompleta’ e ‘inadecuada’ por no cubrir el apoyo económico necesario para independizarse del agresor, lo que obliga a algunas mujeres a retirar la denuncia interpuesta. «A veces denunciar implica pasar por más calamidades. La ley está hecha para mujeres , pero no para las pobres», dice Ramazani. Aguantar el maltrato para no pasar hambre.
En algunos juicios se emplea el argumento de la ignorancia de la ley por ser inmigrante como atenuante para la condena, ya que «la justicia no puede castigar si no hay mala fe», dice el abogado.