donostia. Las críticas públicas vertidas por el Gobierno vasco contra la nueva ayuda social creada por la Diputación de Gipuzkoa para aquellos que no cumplen los requisitos de la renta básica provocaron ayer una reacción en cadena de distintos partidos, ya que esta prestación fue impulsada por las Juntas Generales con un respaldo mayoritario, incluido el del Grupo Socialista.

Esta prestación, destinada principalmente a las familias inmigrantes , “viene a equilibrar” la desigualdad existente en Gipuzkoa respecto a Bizkaia y Araba, que ya cuentan con subsidios similares. Así lo aseguró el Departamento foral de Política Social, encabezado por Maite Etxaniz (Hamaikabat), en respuesta al conflicto interinstitucional generado tras las críticas vertidas el martes por el Ejecutivo autonómico, que acusó a Gipuzkoa de “romper el Sistema Vasco de Garantía de Ingresos” e introducir “un claro elemento de desequilibrio interterritorial” por aprobar esta ayuda, que comenzará a repartirse en septiembre.

La “airada reacción” del Gobierno socialista fue calificada de “preocupante” por la Diputación, que lamentó “el tono prepotente exhibido” desde la consejería vasca de Empleo y Asuntos Sociales, dirigido por Gemma Zabaleta, “con unas consideraciones fuera de tono” y “tan graves como erradas acusaciones de ruptura de equilibrio y oportunismo”.

descoordinación Desde la institución foral censuraron, asimismo, la “descoordinación que ha demostrado” el gabinete de Patxi López, ya que la creación del nuevo subsidio responde a “un llamamiento de las Juntas Generales de Gipuzkoa que contó con el apoyo de casi todas las fuerzas políticas, incluido el PSE – EE”. Según expuso la Diputación, “con una simple consulta se habrían evitado el sonrojo al que se han visto sometidos tanto ellos como el propio PSE de Gipuzkoa”. En este sentido, ofreció al Gobierno vasco su colaboración “leal y respetuosa”, pero pidió, a cambio, “el mismo trato, forma y estilo”.

El departamento dirigido por Hamaikabat subrayó, además, que el mandato de las Juntas Generales para crear esta prestación “venía precisamente a equilibrar una anómala situación, ya que Gipuzkoa, a diferencia de Araba y Bizkaia, no contaba con una ayuda de esta naturaleza”. Según indicó la Diputación, “ahora sí existe una armonía entre los tres territorios” con una prestación social que “es respetuosa con el Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y no produce discriminación alguna entre la ciudadanía vasca”.

De hecho, el propio Grupo Socialista de Gipuzkoa reconoció que la moción impulsada por el Parlamento foral tenía “una clara voluntad armonizadora”, ya que en la misma se hacía referencia a una prestación que se debería conceder “al igual que en Araba y Bizkaia”. El PSE – EE, no obstante, matizó que dicha iniciativa fue aprobada “antes de que el Parlamento Vasco aprobase la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social”.

El grupo juntero añadió que la “coordinación y colaboración” entre el Gobierno vasco, las diputaciones y los ayuntamientos debe ser “obligada” para configurar un sistema vasco “con visión de país, territorialmente equilibrado y basado en el principio de igualdad”. Por ello, opinó que “el Decreto Foral aprobado por la Diputación tenía que haberse trasladado al ámbito de la Comisión Interinstitucional para la Inclusión Social”.

reacciones El PSE – EE de Gipuzkoa, sin embargo, se quedó solo en sus reproches a la actitud de la Diputación, ya que el resto de partidos del territorio defendieron la nueva ayuda social para los ciudadanos en riesgo de exclusión social. Y es que el conflicto abierto entre los gobiernos autonómico y foral provocó numerosas respuestas.

En este sentido, Hamaikabat calificó de “inaceptables” las críticas del Ejecutivo vasco, al que exigió una rectificación pública. “Al Gobierno socialista le ha vencido su irrefrenable afán por salir en los medios y una efervescencia propagandística que, en este caso, le ha llevado a hacer un ridículo absoluto”, apuntó este partido, que anunció que promoverá iniciativas en las Juntas Generales para clarificar este “lamentable incidente interinstitucional”.

En este sentido, EA consideró que “es necesaria una revisión a fondo de la Ley de Territorios Históricos” para que los ciudadanos de Gipuzkoa, Araba y Bizkaia disfruten de los mismos servicios públicos y que “es urgente aprobar una Ley Municipal que aclare el reparto competencial”.

Por su parte, la portavoz de Aralar en Gipuzkoa, Rebeka Ubera, se felicitó porque, “aunque tarde”, la Diputación “haya puesto en marcha, por fin, la nueva ayuda para familias en situación de pobreza”, que fue impulsada por su grupo, e instó al Gobierno Vasco a seguir su ejemplo. Del mismo modo, el juntero de Alternatiba Ander Rodríguez rechazó la actitud del Ejecutivo de López, que, “en lugar de criticar las medidas adoptadas, debería limar las desigualdades entre personas y facilitar que toda la ciudadanía tenga garantizados unos ingresos mínimos”.

Tras la polémica suscitada, las reacciones a la prestación social creada en Gipuzkoa continuarán hoy, ya que la consejera vasca Gemma Zabaleta ha convocado una rueda de prensa para volver a expresar la opinión de su Departamento sobre este asunto.

las reacciones

“La medida tenía que haberse trasladado al ámbito de la comisión Interinstitucional para la Inclusión Social”

grupo juntero socialista

“Que el PSE – EE aclare si mantiene el apoyo a la medida o se suma a la ceremonia de confusión del Gobierno socialista”

grupo juntero de hamaikabat

“Es económicamente insostenible que un país tan pequeño tenga un entramado institucional tan enmarañado”

ejecutiva nacional de Ea

“Los ciudadanos y su bienestar están por encima de cualquier discusión entre instituciones”

grupo juntero de aralar

“No entendemos este ataque de cuernos e instamos a la consejera a considerar con otros ojos la medida”

grupo juntero de alternativa