>Tanto el fin de las nuevas ayudas contra la exclusión social de la Diputación de Gipuzkoa como el modo en que se ha desarrollado la aprobación de las mismas desposeen a las airadas críticas del Gobierno vasco de cualquier justificación.

>lAnueva polémica iniciada por el Gobierno vasco contra una Diputación, en este caso la de Gipuzkoa, tomando como excusa la aprobación de la nuevas ayudas económicas para personas y familias sin recursos, que irán destinadas principalmente a inmigrantes jóvenes tutelados por la propia Diputación o a familias que llevan seis meses residiendo en el Territorio Histórico pero con menos del año de empadronamiento perceptivo para acceder a los requisitos de la Ley de Garantías de Ingresos y la Inclusión Social, se antoja inexplicable de todo punto tanto por el fin del decreto que las aprueba como por el desarrollo de la tramitación y aprobación del mismo. Tampoco el medio empleado, un comunicado hecho público sin realizar consulta previa alguna a la primera institución de Gipuzkoa, ni los términos utilizados parecen los idóneos para que el Ejecutivo de Lakua exprese sus discrepancias, aun en el caso de que éstas hubiesen estado justificadas, con un decreto que emana de una moción aprobada por las Juntas Generales de Gipuzkoa hace ya diecinueve meses y casi por unanimidad – 42 votos afirmativos y seis abstenciones del PP – incluyendo el apoyo del mismo PSE. Basar dicha crítica en la ruptura del equilibrio territorial o en el incumplimiento precisamente de la Ley de Garantías de Ingresos no sólo confirma la falta de justificación sino que denota un profundo desconocimiento de la propia medida que se critica por cuanto ayudas similares están siendo ofrecidas en Araba y Bizkaia y, como en el caso de estos dos territorios, van destinadas única y exclusivamente a personas y familias que no pueden acceder precisamente a los fondos de la citada Ley de Garantías de Ingresos. Por otro lado, considerar que Gipuzkoa ha actuado de modo “unilateral”, tal y como afirmóen su comunicado el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno vasco que dirige Gemma Zabaleta, supone pretender que las diputaciones forales tengan que consensuar todas y cada una de las leyes que emanan de sus Juntas Generales con el Gobierno de Gasteiz, lo que limitaría de hecho la función que les otorga no sólo la tradición foral sino también el artículo 3 del Título Preliminar y los artículos 35 y 37 del Título Segundo del Estatuto de Gernika. Por tanto, independientemente de que un gobierno socialista debería haber apoyado cualquier medida tendente a impedir la exclusión social dentro del país que tiene que dirigir, más en tiempos de crisis económica, las críticas emitidas y el tono de las mismas hacen pensar que, en realidad, se trata de una actitud interesada que no ha tenido en cuenta el siempre necesario respeto entre instituciones y que denota, como en el caso de alguna polémica anterior, una acusada necesidad de remarcar, incluso más allá de los límites, el papel del Ejecutivo socialista.