La crisis empuja a extranjeros regularizados en la construcción hacia las labores agrícolas

La Inspección aumenta un 25% sus actuaciones y quiere llegar a las 8.000 este año

La crisis ha modificado incluso la naturaleza de las infracciones que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social está detectando en la Región. El organismo, dependiente del Ministerio de Trabajo e Inmigración, ha reforzado su control sobre la economía sumergida y se ha topado conque este año se están detectando menos extranjeros en situación irregular trabajando. En concreto, un 36% menos respecto al 2008. Y es que si en el primer trimestre del pasado año se detectaron 168 trabajadores ilegales, en los tres primeros meses de lo que va de año la cifra ha caído a los 107, una tendencia que – según el director provincial de la Inspección de Trabajo, José Fuentes – «se mantendrá a lo largo del año».

¿El motivo? La omnipresente crisis. «Hay mucha más mano de obra disponible», explica Fuentes, «por lo que los empresarios prefieren no asumir el riesgo de contratar a un ilegal». Parte de la culpa también la tiene la mayor presión que lleva a cabo la inspección, que ha visto incrementada su plantilla hasta los 19 inspectores y 25 subinspectores, de los que 10 y 14 respectivamente se centran en hacer aflorar la economía sumergida.

Muchos de los trabajadores extranjeros que ahora se han desplazado a las labores agroalimentarias vienen regularizados a través de los contratos que firmaron cuando el sector que tiraba de la economía regional era la construcción.

Según Fuentes, el número de inspecciones que se van a llevar a cabo este año rondará las 8.000, lo que supone casi un millar más que durante todo el pasado año. De hecho, en los tres primeros meses – los únicos con las estadísticas cerradas por ahora – el repunte ya alcanza el 25%, con 2.086 actuaciones. Si se sigue con esa tendencia, la proyección de Fuentes se puede quedar corta y se llegaría a las 8.500 inspecciones.

Más fraude al descubierto

Pero no todo son noticias buenas. La crisis también ha hecho que muchos traten de eludir sus obligaciones con la Seguridad Social. «Nos hemos dado cuenta de que hay un incremento tanto en españoles como extranjeros, de trabajadores sin dar de alta», explica el director provincial.

Traducido a cifras, este incremento supone casi un 20% más respecto a las del pasado año. En concreto, la inspección ha levantado 781 actas por no tener a los trabajadores dados de alta en la Seguridad Social, frente a los 531 del pasado año. «Nos lo advertía ya en un informe el Consejo Económico y Social de la Región», afirma Fuentes, «que la economía sumergida va poco a poco reduciéndose, pero es un mal endémico de la zona del Levante».

El porqué a esta cuestión hay que buscarla en la propia estructura económica de la Región, con una fuerte presencia de agricultura y hostelería, empleos con altas tasas de temporalidad más propensos al intento de fraude.

Y eso que las sanciones, en el más que probable caso de que se detecte la irregularidad, son para echarse a temblar. En el caso de los trabajadores ilegales, la sanción es de un mínimo de 6.001 euros, pero puede llegar a los 60.000, además de tener que satisfacer todas las cotizaciones que no se han percibido. Para los casos de falta de alta en la Seguridad Social, la horquilla sancionadora va de los 626 euros a los 6.250. La amplitud de la misma se explica porque entran a valorarse la intencionalidad de cometer el fraude, la relevancia de la empresa y el número de afectados.

Cuando la inspección detecta una de estas bolsas de economía sumergida, se provoca a su vez un efecto regularizador. Las estadísticas que maneja el departamento en la Región vuelven a dejar claro que su compromiso es con los trabajadores: 2.048 de ellos vieron como eran dados de alta en la Seguridad Social el pasado año gracias a la labor del equipo que dirige Fuentes, uno de los más eficaces de España si ajustamos la estadística a su tamaño.

Prueba de ello es por ejemplo el resultado de la campaña que se llevó a cabo el pasado año para que las empresas hicieran fijos a sus trabajadores temporales. De los 60.188 contratos que pasaron de temporal a indefinido en toda España, 11.918 fueron en Murcia, casi uno de cada cinco. «Hay que agradecer también que el empresariado ha cambiado su percepción sobre la economía sumergida y también sobre nuestra labor contra ella», apunta José Fuentes.