Médicos y maestros italianos, en Génova, se pronunciaron contra la norma contemplada en el decreto de seguridad que los obliga, en calidad de oficiales públicos, a denunciar ante la policía italiana a los inmigrantes indocumentados que busquen atención sanitaria e instrucción escolar.

“Esto producirá efectos negativos sobre la salud de los inmigrantes y de consecuencia sobre la de todos nosotros”, teme el sector médico, mientras que los educadores prevén “efectos devastadores en la formación de niños y jóvenes”.

La ley se Seguridad entró en vigor el pasado 8 de agosto en Italia y su artículo más controvertido es aquel que convierte en delito a la inmigración ilegal y la castiga con multa de 5.000 a 10.000 euros (7.000 a 14.000 dólares) y expulsión. Además, amplía de dos a seis meses la retención de los inmigrantes en centros de acogida, pero se excluyó la cárcel como castigo.

Bajo el título “El miedo y la segregación pueden causar enfermedades”, el Grupo de Trabajo Inmigración y Salud pide la aclaración de la normativa y dice “No denunciaremos”. Además, pidió a las autoridades adoptar acciones concretas para hacer frente y prevenir los efectos negativos de la ley.

En Génova reside la mayoría de ecuatorianos que trabaja legal e ilegalmente en Italia, al menos 30.000. Ellos ven con preocupación la medida que impedirá a los connacionales sin papeles acceder a los servicios básicos necesarios.

“No es justo que le quiten la salud y el estudio a quienes no tienen documentos, eso es un crimen. Nunca antes se vio tanto daño a los extranjeros”, aseguró Pedro León, originario de Los Ríos que reside regularmente 12 años en Génova.

Así también lo piensa María Castro, quien, junto a su esposo e hijo de 10 años, viven sin permiso de soggiorno (estadía). No obstante, ella confía que su madre la regularice en septiembre y de esa forma poder ayudar a su familia. “Mi hijo es estudioso, quiere prepararse y no entiende por qué se habla de que no podrá acudir a su escuela, la situación es incierta”, expresó.

A menos de un mes de que se inicie el año escolar en Italia, el director de la escuela Milano – Colombi, Paolo Cortigiani, ha pedido a todo el personal de la escuela que preside, donde el 16% de los estudiantes son extranjeros, hacer un examen de conciencia y no denunciar a los estudiantes irregulares.

“Enviaremos una carta a las familias de inmigrantes para tranquilizarlos y decirles que nuestra escuela no denunciará a los chicos que frecuentan nuestra institución”, aseguró el docente.

Cortigiani agregó que en la escuela se enseñan principios universales, multiculturales, “mientras que el paquete de Seguridad nos intoxica de una filosofía de inhibición a la participación civil que es la misma de las leyes racistas y fascistas y por ellos debemos decirle No”, finalizó.

De su parte, la asesora provincial de Educación, Manuela Cappello, aseguró que enviará a todos los institutos genoveses un documento recordándoles que “el derecho al estudio y a la familia son prioritarios”.

La ley de Seguridad también permite la creación de patrullas de ciudadanos para acrecentar la seguridad en ciudades y poblaciones. Los críticos dicen que esa medida allana el camino para crear escuadrones parapoliciales de extrema derecha. Tal es el caso de la organización patriótica nacionalista Guardia Nacional Italiana.

En los últimos 15 años llegaron a Génova  ecuatorianas que trabajan, principalmente, en el cuidado de ancianos y quehaceres domésticos y con ellas llegaron después sus familias, especialmente sus hijos que son los que actualmente estudian en las escuelas y colegios.