DV. Cruzó el Estrecho en los bajos de un camión. Por aquel entonces, Redouane tenía 16 años y un proyecto vital que le empujó, como a cientos de marroquíes, a buscar un futuro más próspero en Europa. Otro menor que dejaba su familia, sus amigos, su tierra, para buscarse la vida. Tras una estancia fugaz en Barcelona, llegó a Gipuzkoa espoleado por aquellos comentarios que decían que «aquí te ayudaban, que había centros». El primero que conoció fue el de Tolosa. Dice que el ambiente era «malo». También vivió en una pensión en Oiartzun hasta regresar a Tolosa, aunque en una situación bien distinta a aquella en la ya clausurada Sevendenea.
Redouane vive ahora en un piso con otros cuatro jóvenes. Narbi es uno de ellos. Su historia es similar: en 2007 pasó la frontera, aunque con el visado en regla. Tenía intención de ir a Francia, pero un amigo le recomendó que viniera a Gipuzkoa. Ya mayor de edad, primero vivió en el piso de un conocido y ahora en una de las viviendas de emancipación de la Diputación, un recurso que actúa como puente entre la red foral de protección de menores y una vida independiente.
La atención a los menores tutelados por la Diputación se prolonga, cuando cumplen 18 años, con el programa Lortuz, dirigido tanto a jóvenes autóctonos como a extranjeros, aunque estos últimos, como Redouane y Narbi, son mayoría.
Itziar Usabiaga, directora general de prestaciones, inserción y empleo del Departamento de Política Social, explica que Lortuz se puso en marcha en mayo de 2008 y que anteriormente existían otros recursos similares, «pero no tan específicos». Actualmente, la Diputación dispone de 63 plazas para dar cobertura a este programa que persigue la emancipación de jóvenes en transición hacia la vida adulta, y está prevista la apertura de 35 más durante este año. En 2008, un total de 104 jóvenes se beneficiaron del plan. Eso sí, insisten desde la Diputación, todos ellos después de que hubiesen superado con valoración positiva su anterior etapa formativa y se comprometiesen a continuar con ella.
Usabiaga recalca las exigencias que implica poder beneficiarse de este programa. «A los chicos se les ponen condiciones. Se funciona de una manera estricta», asegura. Entre los requisitos, además de tener entre 18 y 23 años y disponer de unas mínimas competencias lingüísticas, a los candidatos se les exige que no tengan problemas graves de salud mental, ni comportamientos delictivos habituales o conductas antisociales, así como que no consuman habitualmente sustancias tóxicas que lleven a una adicción y que estén en situación formativo-laboral activa. Antes de vivir en un piso de emancipación, se valora también si mantienen una actividad positiva de cara a seguir con este itinerario. «Suelen venir con informes del servicio de menores así como de los centros de iniciativas profesionales», explica la directora general de prestaciones, inserción y empleo.
Responsabilidad
Una vez admitidos en el programa, firman un documento en el que se comprometen a cumplir «de forma responsable» con el programa. Desde la Diputación subrayan que este recurso se destina a jóvenes que están dispuestos a aprovechar al máximo la oportunidad que se les brinda. «Hay un compromiso de aprovechamiento y unas normas que cumplir, no puede ser de otra forma», señala Usabiaga.
En cada piso viven habitualmente unos cinco jóvenes que son asistidos por educadores, cuya tarea es básicamente la de acompañamiento emocional y físico. «Por la noche y los fines de semana se quedan solos. Las tareas las organizan y las hacen ellos», explica Edurne Arocena, una de las educadoras. La rutina en estos pisos pasa por hacer las labores de casa en los huecos que dejan las clases de formación, las prácticas, el trabajo o la búsqueda de trabajo para que se independicen definitivamente, una tarea cada vez más dificultosa.
Pese a que al año de su puesta en marcha el balance «es muy bueno», Usabiaga reconoce que están teniendo dificultades por la crisis, «para que puedan lograr un empleo y haya rotación. Se viene notando desde enero». La burocracia tampoco ayuda. «Una traba más», se quejan los afectados. Según explica Arocena, la mayoría de los chicos que viven en estos pisos sólo tienen permiso de residencia. «Entonces, para tramitar un contrato de trabajo tiene que haber un empresario que les haga una oferta de un mínimo de seis meses. Pero desde que el empresario la presenta en Extranjería hasta que se resuelve, suelen pasar varios meses».
Un handicap añadido, dicen. «Ves una oferta en el periódico, llamas como educador para abrir camino y el tema de la nacionalidad se deja para el final. Y si se puede excluir, mejor, para que así por lo menos tengan una primera entrevista». Hace poco se ha emancipado uno de los jóvenes que vivía en uno de estos pisos. «Pero el proceso se está alargando. Hay muchos chicos que están preparados, son autónomos, a nivel doméstico saben cocinar, limpiar… También tienen formación, pero no encuentran esa oferta de trabajo que les permita dar el salto e independizarse».
Narbi asistió a un taller de cocina. Ahora está de prácticas. Como sus compañeros, sabe que no lo tendrá fácil. No es la mejor época. Tanto, que cuando se le pregunta si animaría a sus hermanos a que emigraran a Gipuzkoa, responde que no. Sus compatriotas asienten. «En este momento no, ahora la cosa está muy mal». ¿En qué sentido? «Pues desde el trabajo hasta la gente. Ahora nos miran peor que antes».