Según estimaciones de Agett, el 25% de la fuerza laboral española trabaja en actividades no declaradas.

MADRID – El peso de la economía sumergida en España podría encontrarse en la actualidad en el entorno del 22% del producto Interior Bruto, lo que equivaldría a decir que alrededor de 240.000 millones de euros están fuera del control del Estado cada año. Teniendo en cuenta que, según la Comisión Europea, su repercusión en el mercado laboral es dos o tres puntos superior al lo que representan del PIB, se podría asegurar en España hay un mercado de trabajo irregular que supone el 25% de la fuerza laboral del país. Ésa es la estimación de la Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal en un informe preparado para LA RAZÓN sobre la base de los datos de población ocupada de la EPA y de afiliación a la seguridad Social, que muestran diferencias que en algunos momentos han superado los 1,1 millones.
Perfil del trabajador en «B»
Inactivos sin ingresos, parados con prestaciones económicas bajas y/o por tiempo muy limitado y extranjeros dibujan el perfil del trabajador de la economía sumergida. Así se puede entender que un aumento del paro registrado de 1,5 millones de personas en un año y medio no se haya traducido en un incremento de la conflictividad social. Y eso a pesar de que existen 1,12 millones de hogares con todos sus miembros sin trabajo, de los cuales medio millón no tiene ningún tipo de ingresos; hay un millón de parados que lleva más de un año en esa situación y otro millón y medio ha agotado la prestación.
Una aproximación a la dimensión de la economía sumergida que viene dada por el desfase existente entre el número de afiliados a la Seguridad Social y la población ocupada (ver gráfico). Las épocas de bonanza reducen el diferencial a mínimos. Así, hasta 2003 la población ocupada superaba entre 400.000 y 550.000 personas el nivel de afiliados a la seguridad Social. La crisis económica de mediados de 2007 elevó la diferencia hasta 1,1 millones. El hecho de que en los dos primeros trimestres de este año se haya vuelto a reducir el desfase entre ambas cifras obedece más al descenso de personas ocupadas, que se ha reducido en 1,4 millones. Los datos de la EPA del segundo trimestre muestran claramente una moderación de la población activa, que ha pasado de crecer a tasas del 3,1% hace un año a sólo un 1,2%,  por el llamado «efecto desánimo». Así, según Agett, el número de personas que buscan su primer empleo se ha reducido en 12.800, cuando en el trimestre anterior se había incrementado en 50.100.
Otro de los factores que pueden potenciar involuntariamente la economía sumergida es la extensión en el tiempo de las prestaciones contributivas (para los que cotizan) y de las no contributivas (recientemente aprobada por el Gobierno) que pueden tener un efecto disuasorio a la hora de buscar empleo.
El último de los factores que ha coadyuvado al más que posible aumento de la economía no declarada es la situación por la que atraviesan muchos inmigrantes. Según Agett, y utilizando datos de la EPA, el 45% de las personas de entre 16 y 74 años de nacionalidad extranjera que vinieron a España en 2008 no había encontrado empleo previamente en nuestro país. Únicamente uno de cada once extranjeros vino teniendo un empleo antes de embarcarse en la aventura de emigrar de su país.

Análisis
Un fenómeno aceptado
- ¿Qué países lideran la economía «B»?
–Según la Comisión Europea, España, Italia, Bélgica y Portugal son los países con más pocentaje de trabajo irregular, que sitúa entre el 20 y el 25% del PIB.
- ¿Por qué se da este fenómeno?
–La excesiva presión fiscal ha hecho de la economía sumergida un fenómeno aceptado socialmente. Una excesiva presión fiscal y regulatoria suelen multiplicar su incidencia.

Desde hoy se puede pedir la prestación extraordinaria
Los parados que hayan agotado su prestación por desempleo pueden pedir desde hoy el subsidio extraordinario de 420 euros mensuales. La nueva cobertura tendrá una duración de seis meses siempre que la tasa de paro supere el 17%, tal y como aprobó el Gobierno en el último Consejo de Ministros. Podrán beneficiarse de esta medida los parados que no dispongan de ingresos superiores al 75% de salario mínimo (SMI). La nueva medida beneficiará a unas 340.000 personas. La financiación de la prestación, estimada en 642 millones de euros, correrá a cargo de los presupuestos del Servicio Público de Empleo Estatal, mientras que las comunidades autónomas financiarán las acciones incluidas en los itinerarios de empleo, en los que habrán de estar inscritos los beneficiarios. El perceptor de esta renta asumirá el compromiso con el servicio público de empleo de su comunidad autónoma de participar en cursos de formación y empleo. Además, su percepción será incompatible con otras rentas concedidas por las distintas   administraciones. Los beneficiarios dispondrán de dos meses desde el momento en que hayan agotado su prestación para solicitar la ayuda.