L os datos más sobresalientes de la encuesta realizada por el Observatorio vasco de la Vivienda entre los adjudicatarios de pisos protegidos conforman la radiografía de un sector social tradicionalmente vulnerable que sólo mediante esta fórmula puede llegar a ver satisfecho el precepto constitucional del derecho a un hogar digno. El informe aporta perfiles previsibles, como la juventud del colectivo de titulares y una situación laboral mayoritariamente estable que, hasta el momento, les permite ir afrontando los pagos del crédito o el alquiler mensual. Pero constata al mismo tiempo un claro elemento de preocupación, el progresivo aumento de desempleados, ligado a la negativa coyuntura económica y al fuerte crecimiento del paro en Euskadi. Una situación que, junto a la restricción general del crédito, también está detrás de ese 70% de crecimiento en las renuncias a las adjudicaciones en los últimos dos años. Los departamentos de Asuntos Sociales del Gobierno vasco y los ayuntamientos deben tener en cuenta estas tendencias a la hora de presupuestar sus partidas de ayudas. Y la sociedad en su conjunto, tomar buena nota de que la encuesta limita al 2,5% la presencia de inmigrantes en los inmuebles protegidos, un porcentaje que destierra algunas percepciones populares tan falsas como interesadas.

Después de permanecer, en algunos casos durante años, en las listas de Etxebide, la adjudicación de una vivienda supone un comprensible motivo de satisfacción para nueve de cada diez consultados. Un enorme esfuerzo de solidaridad colectiva, sostenido durante años, ha permitido conformar en el País Vasco un parque de pisos de dimensiones adecuadas y bien dotado de comodidades básicas. Pero la valoración de los usuarios empeora, forzosamente, cuando en el 64% de los casos aparecen «incidencias negativas» en ventanas, puertas, calefacción, garajes o fachadas. Resulta decepcionante el altísimo porcentaje de familias que, una vez resuelta su necesidad de alojamiento, han de armarse de valor y paciencia para interesar a contratistas, promotores y administraciones responsables en la solución de estos problemas. Unas deficiencias que, con una correcta supervisión de los trabajos y los acabados antes de entregar los pisos, deberían quedar reducidas a la categoría de anécdotas. Y que, una vez registradas, y además en tan elevado número, tienen que ser afrontadas con mayor rapidez y eficacia.