LA NUEVA Ley de Seguridad italiana provoca tanta vergüenza como dudas sobre su constitucionalidad. La norma – aprobada por el Gobierno y rechazada por amplios sectores – considera un delito la inmigración ilegal y autoriza la actuación de rondas callejeras de ciudadanos para hacer frente a la delincuencia. Acaba de entrar en vigor y ya ha provocado los primeros episodios de la temida caza al inmigrante. Al menos dos marroquíes han sido detenidos y se enfrentan a multas de entre 5.000 y 10.000 euros – además de a su expulsión – , y se han registrado cientos de llamadas con denuncias sobre extranjeros. Cualquier país debe contar con un marco legal para combatir la inmigración irregular, pero es inaceptable convertir en delincuentes a cientos de miles de personas de la noche a la mañana.