Se producen las primeras detenciones tras entrar en vigor la polémica ley que considera un delito la inmigración ilegal Roma

La Iglesia ha puesto su veto, las ONG han protestado y la oposición ha manifestado su descontento. Hasta algunos representantes del centroderecha italiano – como el presidente de la Cámara de los Diputados, Gianfranco Fini – se han mostrado perplejos. Sin embargo, la mano dura contra los indocumentados del Gobierno conservador de Silvio Berlusconi, que el sábado tipificó la inmigración clandestina como delito, provocó ayer una nueva oleada de detenciones de extranjeros en Italia.

Un ciudadano brasileño que salía de un hospital de Milán. Dos chinos que viajaban sin billete de autobús. Un argelino que vendía drogas en Bolonia… Éstos son algunos de los sin papeles arrestados durante la jornada de ayer y que ahora podrían ser sancionados con multas de entre 5.000 y 10.000 euros y un proceso judicial en el que se arriesgan a ser expulsados de Italia de forma inmediata.

Se trata de una serie de medidas que han provocado en Italia un alud de protestas. «Ninguna vida vale poco. Las leyes deben reflejar este principio», ha dicho monseñor Rino Fisichella, director de la Pontificia Academia para la Vida.

«La denuncia de inmigrantes irregulares es un práctica fascista», ha declarado Maurizio Ronconi, diputado de la Unión de los Demócratas Cristianos (UDC).

De entre la propia sociedad civil muchos se han desmarcado de la nueva legislación. En Génova, por ejemplo, una escuela pública llamó a la «desobediencia civil» contra las nuevas normas. «No denunciaremos a nadie», aseguró Paolo Colombi, rector del instituto Don Milani, donde el 16% de los estudiantes son extranjeros.

En todo caso, los sin papeles empiezan ahora a vivir con el miedo a ser descubiertos. «Me sentía bien aquí, pero ahora ya no estoy tan convencido; estoy un poco paranoico y no quiero salir a la calle», dijo a EL MUNDO un ciudadano peruano que vive y trabaja en Roma desde hace seis años.

Una prueba del fenómeno es una reciente investigación de la asociación Everyone, según la cual el número de indocumentados que en las últimas semanas acudieron a hospitales y centros médicos ha bajado el 35%.

De hecho, lo que más preocupa a los inmigrantes es que todos los funcionarios públicos – menos médicos y profesores, pero sí los administrativos de los hospitales y las escuelas – tienen la obligación de denunciarlos a las fuerzas del orden. Se calcula que hay un total de 650.000 indocumentados repartidos por toda Italia. Sin embargo, varias ONG aseguran que la cifra real es mucho más elevada.