Hoy se celebra el Día internacional de los pueblos indígenas, conmemoración que se ha convertido en una plataforma para evaluar las políticas públicas en favor de las comunidades maya, garífuna y xinca. Aunque se registran avances en el reconocimiento de su identidad y riqueza cultural, aún existen rezagos para ejecutar proyectos de desarrollo económico y social.

Álvaro Pop, del organismo Naleb, expresó que hay muchas razones por las cuales se debe celebrar este día, pues la riqueza de Guatemala consiste en que entre toda la población indígena se hablan 24 idiomas —además del castellano— y son gente emprendedora en la educación y el comercio.

Además, gran porcentaje de la población es joven, con fuerza en la organización comunitaria y con valores muy arraigados, afirmó.

En 1994, la Asamblea General de las Naciones Unidas acordó que el 9 de agosto de cada año —durante el Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas— se celebraría el Día internacional de los pueblos indígenas.

En Guatemala, el 42 por ciento de la población es indígena, según el último censo poblacional, en el 2002.

Para algunos líderes indígenas y analistas políticos, esta es una fecha para recordar los avances y desafíos en las políticas de Estado.

Desde la firma de los acuerdos de paz, se han dado avances en el establecimiento de planes y leyes para dar oportunidades a los pueblos indígenas, en especial de los mayas, que representan el 95 por ciento de esta población. No obstante, muchas de esas propuestas han quedado en el papel, porque en la práctica no se han ejecutado, entre estas el acceso a la justicia y servicios de educación y salud.

La instalación de la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo, la Defensoría de la Mujer Indígena, el Viceministerio de Educación Bilingüe y el Fondo de Desarrollo Indígena Guatemalteco, son ejemplo de luchas ganadas, las cuales se han institucionalizado.

La antropóloga Irma Alicia Velásquez Nimatuj considera que esta es una fecha en la que se debe reflexionar de “manera crítica” frente al desafío que implica para un Estado haber oprimido y mantener esa opresión —hacia las comunidades mayas— desde que se construyó.

“Desde los pueblos indígenas, lo que preocupa es la poca coherencia entre el famoso discurso del rostro maya y la realidad tan desigual, en especial, porque se han dado derechos culturales, pero se niegan los económicos; hay ausencia del Estado en la provincia, todos los días”, comentó la antropóloga.

Velásquez coincide con Pop en que se han institucionalizado temas en favor de los pueblos mayas, con la creación de instituciones; sin embargo, los recursos para su desempeño son escasos.

La experta señala como ejemplo que la carretera que conduce de San Cristóbal Verapaz a Quiché se encuentra en mal estado y aún no ha sido reparada. “Entonces, un Estado que abandona a las poblaciones indígenas no puede exigir lealtad, no puede exigir que se identifiquen con sus principios, porque está ausente de sus necesidades”, afirma.

Pop alaba algunas acciones del Ejecutivo, entre ellas las remesas condicionadas del programa Mi Familia Progresa y las leyes en favor de las comunidades mayas. Sin embargo, señala que se ha dado un retroceso de 15 años en el nombramiento de profesionales indígenas en el gabinete de Gobierno.

Hace énfasis en que la ausencia de indígenas en cargos públicos merma la capacidad de diálogo entre el Ejecutivo y los diferentes grupos.

Añade: “El problema del Estado es que no ha institucionalizado el diálogo con los diferentes sectores, y cada vez que hay una exigencia, se ve como problema. Hoy es una demanda de tierras; mañana, de crédito; otro día será de telefonía o de electricidad”.

Amerigo Incalcaterra, representante de la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala (Oacnudh), opina que los pueblos indígenas afrontan serios rezagos en acceso a salud, educación, vivienda, empleo, justicia, tierra y proyectos productivos.

Destaca que la conflictividad social causada por las pérdidas de las tierras indígenas y por la explotación de recursos naturales acelera la migración de estos pueblos.

Miguel López, presidente de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala (ALMG), lamenta que los esfuerzos para el desarrollo de los pueblos indígenas no han sido suficientes, sobre todo porque hacen falta recursos financieros para emprender políticas públicas de desarrollo.

“Muchos indígenas han sido exitosos gracias a su iniciativa y creatividad, a pesar de que no han tenido las mismas oportunidades que otros sectores de la población”, recalca.

La ALMG tiene por mandato trabajar sobre la difusión de los 22 idiomas mayas, pero el presupuesto para ese fin es limitado. Este año se le asignaron Q26 millones; sin embargo, no lo recibirá todo, pues con el recorte presupuestario —tras la crisis financiera— le han disminuido más de 50 por ciento en sus transferencias.

Ejemplo de esta poca voluntad es también el escaso presupuesto asignado a la Defensoría de la Mujer Indígena, que es de Q8 millones.

Cleotilde Cú, a cargo de esa entidad, asegura que los fondos no son suficientes para trabajar estrategias de promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres mayas.

Las tareas pendientes en favor de los pueblos mayas también destacan en el informe que rindió en diciembre último el Comité de Seguimiento a la Convención Internacional sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CERD, en inglés), de las Naciones Unidas.

En ese documento se concluye en que el Estado de Guatemala aún no ha cumplido con la aprobación de leyes que fomenten la igualdad y disminuyan el racismo contra los indígenas. Entre esas normativas enumera la de consulta a pueblos indígenas, la de moratoria de exploración y explotación de minería, y la de lugares sagrados de los pueblos indígenas. Además, informa de ausencia de participación política de mujeres indígenas, y poco espacio para ellas en cargos públicos.

El informe destaca avances como la aprobación de algunas normativas. Entre estas la Ley del Registro de Información Catastral, la del Sistema de Seguridad Alimentaria y la Ley Marco de los Acuerdos de Paz. Se refiere, además, a políticas que se diseñaron desde años anteriores, como la de vivienda, la de educación ambiental, la de desarrollo rural y la de salud.

En ese documento se resalta una de las demandas de las organizaciones indígenas: el acceso a la tierra, y se señala la preocupación porque el Estado no ha reconocido la aplicación de un sistema jurídico indígena, y también que no hay suficientes intérpretes y operadores de justicia bilingües.

Para la Premio Nobel de la Paz 1992, la guatemalteca Rigoberta Menchú, el reconocimiento de los pueblos indígenas a escala internacional ha servido para que el Convenio 169 de la OIT y la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas se haya aplicado en Guatemala, y de esa cuenta, mediante consultas populares, las comunidades mayas se han mantenido organizadas y han logrado demostrar su oposición a las explotaciones mineras.

Sin embargo, esas consultas no son del todo respetadas. En su reciente visita al país, Víctor Abramovich, relator para los Pueblos Indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dijo que lo que más le preocupa es que el Estado no tiene una normativa que establezca un procedimiento claro para las consultas populares, pues la Corte de Constitucionalidad ha señalado que estas no tienen efectos vinculantes.

De esa cuenta, la Oacnudh ha recomendado al Estado que se apruebe una ley de consulta acorde al Convenio 169 de la OIT, y se asignen más fondos a las instituciones que trabajan por los derechos de estas comunidades, expresa Incalcaterra.

Aunque hay muchos desafíos y obstáculos, líderes mayas coinciden en que hay luchas ganadas, entre estas que la mayoría de comunidades indígenas cuentan con una dinámica propia fuerte, la cual permite afianzar su identidad, y en comparación con años anteriores, ahora tienen más participación y organización.

Una de las buenas intenciones del Gobierno, a criterio de Cú, es que en reuniones de funcionarios en la provincia se ha priorizado la atención a los pueblos mayas.

“En el Gobernando con la Gente en Huehuetenango, el presidente Álvaro Colom prometió que se hará un encuentro nacional, para que se conozcan las demandas de pueblos indígenas”, aseveró.

Gunther Dietz, docente e investigador en educación intercultural de la Universidad Veracruzana, de México, señala entre lo logros que los pueblos indígenas superaron una meta, ya que tienen derechos reconocidos constitucionalmente, y aunque estos no se respeten del todo, hay un marco jurídico a escala internacional.

Añade que una característica de los pueblos indígenas de Guatemala es que hay un fuerte arraigo a nivel local y regional, lo que hace que estas comunidades mantengan sus lenguas y costumbres, contrario a lo que ha sucedido en otros países, donde se han perdido esos valores.

“Una cosa que destaca en Guatemala es que hay grandes intelectuales indígenas que ahora participan en políticas públicas; hay presencia de indígenas a nivel internacional, y eso es algo que se debería celebrar”, dice Dietz.

Las fuentes consultadas coinciden en que, independientemente de los pasos que se puedan dar en el Estado para el desarrollo de las comunidades indígenas, hay una tarea, responsabilidad de todos: combatir el racismo y la discriminación.

“La población guatemalteca tiene que estar orgullosa de contar con la enorme riqueza étnica y cultural que tiene este país”, enfatiza Incalcaterra en una entrevista.