Italia vive en medio de un gran debate la entrada hoy en vigor de la polémica ley del Gobierno de Silvio Berlusconi que considera delito la inmigración ilegal y que autoriza las rondas callejeras de ciudadanos voluntarios.

Más de un mes después de la aprobación en el Parlamento de la norma, el 2 de julio, el debate entre la clase política sigue aún abierto, sobre todo a escala municipal y en lo que respecta a las patrullas de ciudadanos voluntarios autorizados.

De hecho, y cuando la actividad política se encuentra paralizada por las vacaciones, la entrada en vigor de la ley de seguridad, promovida por el ministro del Interior, Roberto Maroni, se ha convertido en el tema que acapara la mayor atención de los medios de comunicación del país.

En los últimos días, la prensa ha preguntado a los alcaldes sobre su mayor o menor disposición a coordinar las rondas de voluntarios que darán apoyo en la vigilancia callejera a la policía y a los militares que ya patrullan las grandes ciudades, cuyo cupo amplió el Gobierno a los 4.250 soldados, cifra que según dijo ayer Berlusconi no descarta ampliar «fuertemente».

Tal despliegue de medios da muestra de la preocupación que la seguridad supone para el Gobierno de Berlusconi, sobre todo para sus socios de Ejecutivo de la conservadora Liga Norte, de corte federalista y con tintes racistas, y en la que milita el impulsor de esta ley, Maroni.

El desarrollo de la norma

Son precisamente los alcaldes del norte del país, más industrializado y rico y que vota más a la Liga Norte, los que se muestran más dispuestos a acoger las rondas ciudadanas. En el centro y en el sur, por el contrario, son más reticentes.

A falta aún de detalles concretos oficiales, ayer se filtraron algunos datos sobre la reglamentación que estudia el Ejecutivo: las rondas no podrán estar formadas por más de tres personas, no podrán ir armados ni llevar perros con correa.

El delito de inmigración ilegal no conllevará penas de cárcel, pero sí multas y una más rápida expulsión. Y obliga a los funcionaros a denunciar a los indocumentados. Médicos y directores de colegios quedan exentos de esa obligación.