WASHINGTON.— La administración del presidente Barack Obama respondió ayer al clamor de quienes se han pronunciado contra el maltrato y la muerte de inmigrantes indocumentados en centros de detención, con el anuncio de un nuevo plan que pretende implantar, en un plazo de entre tres y cinco años, una nueva red de centros civiles que dejarán atrás los problemas derivados del hacinamiento, el aislamiento, la falta de atención médica y de atención consular.

“Estas reformas pretenden resolver la mayoría de las quejas y denuncias que han puesto en tela de juicio nuestros centros de detención para inmigrantes”, afirmó el jueves John Morton, director de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) al reconocer que ya “necesitábamos un sistema más abierto, más transparente y más sujeto a la rendición de cuentas”.

La medida fue saludada por organizaciones defensoras de inmigrantes que la consideraron un “primer gran paso” para responder a una crisis humanitaria que afecta a cientos de miles de familias hacia ambos lados de la frontera. Cerca de 400 mil inmigrantes indocumentados son detenidos anualmente en esos centros.

“Con esta medida se ha reconocido que hay la situación de emergencia que prevalece en algunos centros de detención, donde se ha registrado incluso la muerte de algunos inmigrantes”, consideró Francisco Fabián, de la organización Voice of América. “Pero también es necesario que el presidente Obama ponga mayor empeño para poner fin a la práctica de las redadas e invierta su capital político en una reforma migratoria justa y comprehensiva”, añadió.

El plan de reforma, anunciado por el director de la oficina de inmigración y aduanas, se sustenta en siete puntos centrales que van desde la creación de una Oficina para Políticas de Planeación y Detención (ODPP) hasta la contratación de médicos expertos en la gestión de estos centros de detención de carácter civil que serán supervisados desde una instancia independiente que desahogará las quejas y denuncias.

Además, se reclutará a gerentes especializados en el manejo de aproximadamente 23 centros donde se concentra poco más del 40% de los inmigrantes detenidos. Estos funcionarios serán los directamente responsables de la seguridad y de las condiciones de las instalaciones y serán supervisados por las autoridades federales.

La reforma del sistema pasará por la redefinición de criterios para la localización de los inmigrantes detenidos, con el fin de que no sean enviados a centros demasiado alejados de sus familias —cuando éstas se encuentren en EU—, que tengan acceso a servicios religiosos y que puedan ser visitados por abogados o autoridades consulares. La puesta en marcha de este nuevo proyecto supone una revisión en toda regla al sistema de detención que se ha gestionado hasta la fecha con criterios penales, para acentuar así el carácter criminal de un procesamiento laberíntico en el que los inmigrantes han sufrido maltratos, vejaciones y hasta la pérdida de sus seres queridos.

Centros en la mira

Como botón de muestra, las intermitentes huelgas de hambre que han protagonizado grupos de inmigrantes —mexicanos entre ellos—, en centros carcelarios como el de Basile, en Louisiana, donde las protestas han sido acalladas con amenazas y severos castigos que pasan por el aislamiento total de aquellos que insistan en demandar “mejores condiciones humanas”, según la denuncia de organizaciones como el Centro de Trabajadores para la Justicia Racial de Nueva Orléans.

En la mira de esta nueva reforma se encuentran centros de detención que han registrado un mayor número de quejas de parte de organizaciones como la Unión Americana para la Defensa de las Libertades Civiles (ACLU). Destaca, entre ellos, el centro T. Don Hutto Family Residential Facility en Texas que ha sido objeto de continuas denuncias por el maltrato infligido a los niños y a las madres de familia.

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