Dentro de dos meses sabremos si Madrid albergará los Juegos Olímpicos. Este proyecto pretende consolidar la apertura del país al mundo entero. Y es que nadie niega que la transición democrática se ha erigido en un referente político internacional (sí, internacional) de primer orden. Sin embargo, hay aspectos del sistema, del Estado de Derecho, que fallan de vez en cuando. Un ejemplo: hace año y medio, Brasil comunicó a España su gran malestar y honda preocupación debido al trato que estaban sufriendo los ciudadanos repatriados desde nuestros aeropuertos. Por si fuera poco, el Gobierno de Lula aplicó el principio de reciprocidad al impedir que varios turistas con pasaporte hispano atravesaran sus fronteras.
Desgraciadamente, la situación no ha cambiado. Por eso quiero denunciar en público el pésimo trabajo de los agentes encargados del control de extranjería en Barajas. Los viajeros iberoamericanos afectados (estudiantes, funcionarios, ejecutivos, sacerdotes o madres de familia) observan atónitos que aquí la ley se aplica con evidente arbitrariedad. Además, la falta de transparencia durante los procesos es alarmante. No sólo se viola el Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención aprobado por la ONU, sino que las resoluciones motivadas correspondientes a la denegación de entrada en el espacio Schengen constituyen un cúmulo intolerable de palmarias incongruencias.
Cualquier experto en Derecho Internacional Público sentiría vergüenza ajena tras conocer semejante casuística. El Estado español, promotor de la Alianza de Civilizaciones, no se convertirá en puente transatlántico efectivo entre Latinoamérica y la CEE hasta que atienda según los dictados de la legislación a los habitantes de la principal economía emergente. Más aún cuando quince millones de hermanos brasileros descienden de los emigrantes a los que cantó Valderrama.
Antonio Cendra Ganuzas