Vivienda insiste en que la ocupación de estos inmuebles públicos es irregular
La Junta denunciará a los chabolistas por regresar a sus pisos en las Tres Mil
La Razón, 06-08-2009sevilla – Sólo un día después de que las familias gitanas que huyeron en marzo de las Tres Mil Viviendas para evitar las violentas represalias de un clan rival completaran su regreso a casa, la Junta de Andalucía anuncia que las llevará ante la Justicia por la ocupación irregular de estos inmuebles de titularidad pública.
La Administración autonómica se ciñe estrictamente a la legalidad e ignora el éxodo de casi cuatro meses sufrido por estas 41 familias por distintos enclaves chabolistas. El grupo pertenece en gran medida a la familia de «los Caracoleños» y estaba integrado por un centenar de personas, entre ellas muchos menores. Todos sufrieron los rigores del sofocante verano sevillano, e incluso la muerte de un bebé de 25 días.
Un juez investiga si este fallecimiento puede considerarse una «muerte súbita» o fue debido a un golpe de calor. Para el clan de «los Dominguín» fue suficiente y, al menos de momento, parece que acepta sin violencia el regreso de los exiliados del Polígono Sur tras la muerte de un adolescente, a finales de febrero, por una bala perdida durante un tiroteo.
La Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio aprovechó la huida para clausurar las viviendas desalojadas y emprender, por fin, su regularización. En todos los casos son pisos de titularidad autonómica y aún se trabaja en su normalización, revisando la documentación presentada por los chabolistas para determinar su régimen de ocupación y esclarecer si corresponden las familias instaladas.
Lento procedimiento
Según Europa Press, la Junta ya tiene claro que 17 de las 41 viviendas afectadas están ocupadas de manera irregular porque sus moradores «no acreditaron el justo título de dominio», mientras dos familias tienen derecho a «recuperar» sus pisos, un inquilino prefiere renunciar al suyo y otros 21 expedientes siguen en «trámite de audiencia». Este proceso se completará en septiembre y, hasta entonces, la Junta prefiere pasar el problema a la Justicia, denunciando a los ocupantes y dejando en manos de los tribunales la decisión sobre su desalojo forzoso.
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