Los vecinos de La Arboleda, en la localidad vizcaína de Trapagaran, se pueden convertir en asiduos de los juzgados tras el verano. A la investigación promovida por la Audiencia Provincial para determinar si son culpables de un presunto delito de acoso inmobiliario se sumarán en los próximos meses al menos otras seis causas abiertas por la actitud que mantuvieron parte de los residentes en las movilizaciones organizadas para impedir el realojo en el barrio de una familia de etnia gitana a la que tachan de «conflictiva». María Tato, la abogada de los nuevos inquilinos, explicó ayer que estos procedimientos buscan «hacer justicia» con sus defendidos, pero también que se adopten medidas ejemplarizantes, «para que no vuelvan a repetirse situaciones tan desagradables e injustas como esta».

«Cada acción de los tribunales lleva su propio camino y es muy probable que los vecinos no sean citados a declarar hasta octubre o noviembre, pero después van a alucinar», adelantó la letrada. Según puntualizó, la orden de incoar diligencias previas por la Audiencia «es sólo la primera». En su opinión, el órgano judicial se centra exclusivamente en investigar los hechos acontecidos el 1 de abril, cuando apareció tapiada la puerta de la vivienda protegida elegida por el Gobierno vasco para realojar a Laura, Manuel y sus cinco hijos. Fuera, cerca de un centenar de residentes se concentraron en el portal y las escaleras para impedir que la familia accediera a su hogar. El juez estima que estas actuaciones, que define en un auto como una «acción grupal concertada», deben recibir la calificación provisional de delito.

Sin embargo, tras aquel incidente «se han sucedido otros que también han sido denunciados, sin olvidar el acoso que ha sufrido la familia en todo este tiempo». Tato señaló entre ellos el ataque a una trabajadora social en aquella ocasión – el segundo intento fallido de realojar a estas personas en el inmueble – , la acusación que les hicieron de intentar robar en un supermercado de Trapagaran o las denuncias presentadas por tres particulares que, al parecer, recibieron amenazas de vecinos de La Arboleda si seguían relacionándose con los Jiménez. «Incluso el Ararteko analiza con detalle el caso», añadió.

Consecuencias jurídicas

La abogada calificó de «intolerable» este tipo de comportamientos ciudadanos, que se sustentaron en el supuesto «pasado conflictivo» de la familia – finalmente se demostró que no constaba antecedente penal alguno, salvo un hurto de chatarra – , y la existencia de demanda en el barrio para ocupar ese piso protegido. Además del reiterado tapiado de la puerta de la casa, también apareció sellada la cerradura y se colocaron numerosos carteles contrarios al realojo. «Los residentes no pueden pretender tomarse la justicia por su mano sin tener en cuenta que ese tipo de conductas tienen consecuencias jurídicas», aseveró.

Además, subrayó que, de no poner freno a actitudes «totalmente al margen de nuestro marco legal», realojos como los que se están abordando para lograr la regeneración urbanística y social de Sestao «serán imposibles». Según desveló, la sociedad Sestao Berri – integrada al 50% por el Gobierno vasco y el Ayuntamiento – pretende trasladar antes de fin de año a más de 30 familias a otros municipios «y no debe permitirse que se frustre ni un solo caso sólo porque algunos de los afectados tengan economías muy bajas o participen en programas de asistencia social».

Por su parte, el presidente de la asociación de vecinos de La Arboleda se mostró ayer «totalmente tranquilo» ante la amenaza de una lluvia de citaciones judiciales contra los habitantes del antiguo poblado minero. Iñaki Zamarripa rehusó valorar la posible investigación de la Audiencia Provincial de Vizcaya «hasta que alguien nos notifique la denuncia y su contenido», aunque sí mostró su «sorpresa» por el hecho de que el conflicto vuelva a la actualidad «a estas alturas».

«Hemos tenido muchas reuniones con las instituciones y la defensa legal de la familia y habíamos llegado al acuerdo de pasar página a todo lo sucedido, de mantener una ‘calma chicha’ como la que se vive ahora en el barrio», aseguró. Pero, en su opinión, «parece que hay gente interesada en estar en el candelero, porque nosotros estamos apostando por la tranquilidad y la normalización de la vida social en La Arboleda». Zamarripa aseguró que, en cualquier, caso, la asociación está preparada para «defenderse ante lo que venga».