Reclama a la Policía pruebas de «la actuación de grupos mafiosos» en los hurtos protagonizados por chavales de menos de 14 años en el centro de Madrid La Fiscalía de Madrid ha pedido a la Policía y la Guardia Civil que investiguen a los padres de los menores de 14 años de edad de etnia de origen rumano que delinquen por las calles más céntricas de la capital y por otras zonas comerciales de Madrid.

La Policía ya había indicado a la propia Fiscalía que tenía sospechas de que estos niños «están siendo manipulados y utilizados por familiares o personas mayores de edad pertenecientes a sus clanes respectivos que les inducen a realizar dichos actos delictivos de los cuales luego obtienen gran provecho económico».

Legalmente, estos chicos son inimputables y, por lo tanto, cada vez que son detenidos o sorprendidos por los agentes de la autoridad por cometer un hurto son puestos casi inmediatamente a disposición de sus padres.

Durante el año 2008 solamente se detuvo en la región a media docena de adultos por inducir a sus hijos al robo, lo que a ojos de la Fiscalía resulta ser una cifra insuficiente para las proporciones reales que podría tener este problema. «No resulta coherente que durante el año natural 2008 sólo se haya conseguido realizar seis detenciones en todo el territorio de la Comunidad de Madrid».

La Fiscalía es consciente, también, de las dificultades que presenta poder integrar correctamente a estos chavales dentro de la sociedad madrileña y de la alarma social generada por su «presencia incontrolada en las vías públicas, amén de llegar a delinquir de forma impune».

Además, y según las últimas estadísticas disponibles, algunos de estos jóvenes han llegado a ser detenidos en al menos 60 ocasiones por la Policía, tras las que vuelven a salir en libertad.

El último informe elaborado por la Fiscalía alienta a la Policía para que «aumente su labor de investigación y acopio de material probatorio respecto a tales actuaciones de grupos mafiosos de explotación de menores». Pasa a la página 2

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Se incide, además, en que estas pesquisas deben efectuarse de «forma continua y coordinada entre sus diversas secciones policiales a fin de obtener el material probatorio que permita desarticular y detener a tales grupos de personas mayores de edad». A estos padres o progenitores se les podría imputar formalmente, «bien por la vía de inducción al delito patrimonial o receptación o bien por el incumplimiento de deberes inherentes a la patria potestad».

«Es necesaria la desarticulación de estos grupos y su puesta a disposición judicial por participar en esa indeseable forma de explotación de menores de edad consistente en animarles a delinquir patrimonialmente a fin de beneficiarse económicamente de ello, amparados en la impunidad penal de los menores, a quienes se utiliza de forma inaceptable moral y legalmente».

Asimismo, la Fiscalía de Madrid asegura «que es el momento adecuado de elevar a la Fiscalía General del Estado la iniciativa de trasladar al poder Ejecutivo la propuesta de una nueva regulación del marco legislativo en materia de protección de menores que, a nivel no solo autonómico sino preferiblemente estatal, afronte de cara la problemática de estos menores que se resisten a la intervención tuitiva ordinaria».

Una vez que estos menores son detenidos son puestos a disposición de sus padres. Alguno de estos críos ha llegado a ser apresado en 60 ocasiones, según la Fiscalía.

Cuando no se acredita que tienen tutores se les interna en un centro de la red asistencial de protección de menores del Instituto Madrileño del Menor y la Familia. Sin embargo, según la Fiscalía, «suelen protagonizar actos de inmediato abandono y fuga de dichos centros, ya que suelen eludir de forma intencionada toda intervención de tipo socializadora y educativa, lo que lógicamente agrava y hace crónica su situación de evidente marginalidad social».

En estos momento se está estudiando la opción de obligar a los menores que delinquen a permanecer en los centros e integrados en sus programas educativos.

La idea de la Fiscalía de Madrid es que estos menores «abandonen esa vida residual para asumir un proyecto educativo y rehabilitador». Incluso habla de la posibilidad de que los centros de menores estén dotados de «unas reglas o normas de funcionamiento interno con regulación disciplinaria que les permitan evitar las fugas, absentismos y otras alusiones del régimen de vida educativo ordinario».

De acuerdo con el informe de la Fiscalía, la presencia de estos menores delincuentes ha creado una situación de alarma social, generada por su «presencia incontrolada en las vías públicas, amén de llegar o delinquir de forma impune».

Para abordar la situación de estos menores se ha creado una mesa de trabajo de la que forman parte la Delegación de Gobierno, la Consejería de Familia y Asuntos Sociales. El Defensor del Menor, Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor, la Concejalía de Seguridad y Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Madrid, Grume, y la Jefatura Superior de Policía y Sección de Menores de la Fiscalía de Madrid.

El objetivo de esta mesa es «conseguir armonizar y preservar la seguridad ciudadana con el respeto de los derechos fundamentales de los menores y el principio de salvaguardia del denominado legalmente superior del interés del menor».

Pese a los esfuerzos de todas las administraciones, la problemática que siempre sale a relucir en estos grupos de trabajo es que hay una «gran dificultad técnica y legal ya que estos menores son inimputables desde la perspectiva de la ley sancionadora penal».

Según la Fiscalía, es «únicamente factible la respuesta institucional por la vía del área de protección corrigiendo el desamparo de los mismos con su subsiguiente ingreso, aún temporal, en los centros de la red asistencial de la Comunidad».

La Fiscalía destaca la labor de los servicios de asistencia de la Comunidad y el Ayuntamiento que están trabajando en las facetas de escolarización y normalización educativa de estos menores, si «bien el éxito de tales proyectos no sería posible sino a medio y largo plazo».

Destaca la Fiscalía que no «debemos olvidar el ambiente sociocultural que rodea a dichos menores, pertenecientes a un grupo étnico de origen rumano que suele repetir en su estancia en nuestro territorio nacional las pautas de comportamiento y organización grupal que les son propias». Por lo tanto, estos menores suelen eludir la actuación integradora que se les ofrece.

«Salvo una reforma legislativa (que habría de ser profundamente reflexionada), sólo cabe por el momento proseguir y profundizar en los esfuerzos conjuntos de todas las Administraciones implicadas», sobre cuyo desarrollo siempre ejercerá la Fiscalía una línea de control externa y vigilancia.

La Fiscalía concluye que «esta posibilidad de armonizar y compatibilizar el principio protector del menor en situación de riesgo social con el principio de protección de la seguridad ciudadana y el ejercicio de las libertades constitucionales del resto de la sociedad ya fue acogido por el legislador en el marco de la reforma de Menores del año 2006».

En semáforos, en terrazas…

La presencia de menores de edad que delinquen con el mayor descaro en el centro de Madrid se ha convertido ya en una escena más del paisaje urbano, sobre todo en las zonas de la ciudad donde hay mayores aglomeraciones o bien en las áreas más frecuentadas por los turistas que visitan la capital. Los semáforos del Paseo del Prado, de la Castellana, de Colón; las terrazas de verano; los cajeros automáticos ubicados en el exterior de las entidades bancarias… En todos estos lugares y con cierta frecuencia, grupos de menores delincuentes aprovechan el menor descuido para cometer hurtos. En el caso de ser descubiertos, serán trasladados a comisaría y, desde allí, serán entregados a sus padres por ser inimputables al tener menos de 14 años.