El conflicto de La Arboleda sigue latente, y vivo en los tribunales. La oposición de un grupo de vecinos al realojo en la zona de una familia de etnia gitana procedente de Sestao obtuvo un primer amparo, en un juzgado de Barakaldo, que la inscribió dentro del «mero ejercicio de los derechos de manifestación». Tal resolución en absoluto convenció a la Fiscalía de la Audiencia provincial, que pide una investigación para determinar si las protestas de los residentes equivalen a un delito de acoso inmobiliario. La intervención de la Justicia garantiza sin duda una adecuada protección a todos los derechos en juego.