El vecindario de Maores, la chica de Ripollet asesinada el pasado 1 de noviembre, expresó su contrariedad por la puesta en libertad vigilada de los dos menores condenados por los hechos, que ayer abandonaron el centro de internamiento y podrán aguardar en sus domicilios los veredictos sobre los recursos que han presentado a sus condenas por asesinato. Por mucho que pese en el entorno de la víctima, la aplicación del ordenamiento jurídico en este caso es impecable. Sergio y Luis, que en el momento de los hechos tenían 15 y 14 años, han permanecido internos en un centro educativo desde su detención, el 1 de noviembre, pero hubieran salido de todas formas el próximo viernes, pues en el caso de menores la reclusión preventiva – mientras no exista una resolución firme-no puede prolongarse más allá de nueve meses.

De hecho, el internamiento en régimen cerrado – en centro educativo, los delincuentes juveniles no ingresan en prisión-es una medida extrema que afecta a una pequeña parte de los menores condenados, en torno al 12%. Un total de 310 personas se encuentran en esta situación en Catalunya, por delitos cometidos a edades comprendidas entre 14 y 17 años, según datos del Departament de Justícia. La edad media de los confinados es de 17 años, el 93,5% son hombres y el 50,3% son extranjeros. Los delitos que han motivado sus condenas son principalmente robos (53,2%) y lesiones (24,1%), en tanto los autores de delitos contra la vida representan una exigua minoría. Todos ellos están escolarizados y más de la mitad siguen cursos de formación ocupacional.

La pena máxima prevista en la ley del Menor, que se aplica en delitos castigados con 15 o más años en el Código Penal, es de seis años de internamiento en centro (cinco en caso de delincuentes de 14 y 15 años) y tres años más de libertad vigilada. Es la condena aplicada, por ejemplo, al autor material de la muerte de Maores y a uno de los tres implicados por quemar a una indigente en un cajero automático de Barcelona en diciembre del 2005. Los otros dos procesados, que tenían 18 años, y en consecuencia eran mayores de edad cuando cometieron la salvaje agresión, cumplen más de veinte años de prisión.

La ley del Menor no pretende castigar, sino educar, y los jueces de menores pueden imponer numerosas medidas alternativas al internamiento. Así, 1.481 menores en Catalunya cumplen condena en régimen de medio abierto, que es la figura más frecuente, aplicándose en el 56% de los casos. Es una especie de tercer grado por el que desarrollan las actividades propias de su edad pero pernoctan en el centro. El 85,3% de estos son hombres, el 61,7% españoles, la mitad son autores de robos y el 25% cometieron delitos de lesiones.

La mediación se aplica en el 32% de los delitos perpetrados por menores. Básicamente se trata de acuerdos entre las partes, sancionados por el juez

“Para la elección de la medida o medidas adecuadas se deberá atender de modo flexible, no sólo a la prueba y la valoración jurídica de los hechos, sino especialmente a la edad, las circunstancias familiares y sociales, la personalidad y el interés del menor”, impone la normativa.